La percepción de corrupción que tiene la sociedad de la justicia penal en nuestro país es de incremento. Realidad imperdonable por el tamaño del daño que causa a las víctimas y sus familias.

’De 2020 a 2021 se incrementó la percepción de corrupción hacia casi todas las instituciones. Los mayores porcentajes en este sentido se presentaron hacia las personas juzgadoras (67.3%), la policía preventiva municipal (66.8%) y estatal (64.6%), junto con el Ministerio Público y las fiscalías locales (64.7%)’, dice el estudio ’Hallazgos 2022’, en su décima edición sobre ’seguimiento y evaluación de la justicia penal en México’.

Estudio elaborado por la organización México Evalúa, que tiene una década de hacerlo año con año, con cifras apoyadas en encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Hasta ahora se mantiene la tendencia, la corrupción campea en el sistema de justicia penal, parte medular del poder judicial.

Los juzgadores están más preocupados en defender ingresos, prestaciones y derechos adquiridos en salud, vivienda y retiro.

Casi nadie se acuerda que la decisión de que obtuvieran altos beneficios no salió de ellos sino del poder legislativo que ahora está decidido a reducirlos, porque los considera excesivos, contrarios a la austeridad.

La idea era evitar la tentación de recibir sobornos, garantizar honestidad, independencia e imparcialidad en su actuación.

Medidas legislativas con el fin de hacerlos incorruptibles.

La sociedad merecía y merece calidad en la impartición de justicia.

Es innegable que hay juzgadores rectos, respetuosos y admirables.

Para desgracia del país, existe otra lectura en la percepción de la gente y se manifiesta en dicho estudio.

’En concreto, para las personas que buscan acceder a la justicia la corrupción implica la necesidad de pagar costos ilegales a cambio de atención. Así, cuando el proceso penal se corrompe de forma sistémica, se niega el acceso a la justicia y se encarece un servicio que debe ser provisto de forma gratuita por el Estado’, otro párrafo de la medición.

Sería ideal que juzgadores y todos los involucrados en el Sistema de Justicia Penal analizaran el estudio, valoraran defectos y consideraran lo que se puede hacer para corregirlos.

No es casual que la abogada penalista Patricia Olamendi haya dicho durante la presentación de este reporte (11 octubre 2023) que ’la corrupción es evidente’. Otros han insistido en preparar nueva reforma judicial hasta el punto de que el pueblo elija a los juzgadores. Tema a debatir y bandera partidista en próximas campañas presidenciales.

Las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su mayoría legislativa, no son de oídas. Han recibido información de primera mano, desde el propio poder judicial, lo que explica el conocimiento puntual que tienen sobre excesos, fideicomisos y presupuesto.

Si el trabajo del poder judicial fuera impecable, hace rato que la sociedad hubiera salido masivamente a la calle a defenderlo.

En el bloque opositor también hay quienes reconocen que el sistema de justicia penal requiere ajustes. Por razones electorales, no se atreven a sostenerlo ante micrófonos y cámaras.
Harían bien juzgadores en mirarse al espejo.

@zarateaz1
arturozarate.com
https://www.youtube.com/@arturozaratev