Sin avances reparación integral del daño a sobrevivientes y familias de fallecidos en estancia migratoria de Ciudad Juárez

A seis meses de la tragedia en la que 40 personas migrantes perdieron la vida en la estancia
migratoria de Ciudad Juárez, 27 resultaron gravemente lesionados y 15 mujeres sobrevivieron, no
se ha cumplido con la reparación integral del daño y los obstáculos siguen siendo múltiples para el
acceso a la justicia de las víctimas.
A pesar de haber aceptado la Recomendación 111VG/2023, emitida por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha hecho efectiva la
reparación integral del daño. Por el contrario, la propuesta de reparación efectuada la semana
pasada por la defensa del titular del INM ante el juez, concernía únicamente al inmueble
siniestrado, lo que muestra la falta de reconocimiento de los daños ocasionados a las víctimas y
de su derecho a la reparación. La solicitud fue rechazada por el juez.
Hasta el momento, ninguna masacre cometida contra la población migrante ha culminado
con la reparación integral del daño a las víctimas, poniendo en evidencia la falta de capacidad
del Estado para dar respuesta y garantizar la reparación del daño en casos que involucran a
víctimas ubicadas en distintos países. El caso de Ciudad Juárez coloca de nueva cuenta el reto y
las cuentas pendientes con las víctimas migrantes.

A seis meses del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, los
pendientes y arbitrariedades del caso son permanentes:
1. Francisco Garduño sigue como comisionado del INM, lo que compromete la efectividad e
independencia de las investigaciones y la labor de defensa de los representantes de las
víctimas.
2. El INM ha puesto en riesgo a las familias de los migrantes fallecidos al hacer públicos
los posibles montos de indemnización, los cuales no se han hecho efectivos, proceso
que no corresponde a Migración sino a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV). ’Nos alarma ya que las autoridades no velaron por la salvaguarda de las personas
migrantes ni antes, ni durante el incendio, ahora, de forma posterior, ni siquiera cuidan sus
declaraciones para no ponerlas en peligro’, Marcos Zavala, abogado de ocho de los
sobrevivientes, Fundación para la Justicia.
3. El INM sigue oponiéndose a facilitar la reunificación familiar de los sobrevivientes del
incendio, al negarse a traer a sus hijas e hijos, así como a sus hermanos o madres.
4. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha presentado ningún plan, ni
dictamen para cumplir con lo ordenado por la CNDH en su Recomendación
111VG/2023 para que se haga efectiva la reparación integral del daño.
5. El papel de la CEAV ha sido omiso en los procesos de reparación del daño de los
sobrevivientes y las familias de los 40 fallecidos, incluso no ha inscrito al Registro Nacional
de Víctimas a las 15 mujeres sobrevivientes.
6. La Fiscalía General de la República se ha opuesto a que dos de las víctimas cuenten con
una asesoría jurídica particular. Después de seis meses del incendio no ha sido fácil para
la mayoría de las víctimas y sus familias que se haga valer su decisión de nombrar un
asesor particular que haga efectivo sus derechos, tanto en la investigación del caso como
en el proceso mismo.
Desde la Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC
(IMUMI), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) A.C. y Asylum Access México
(AAMX) A.C no dejaremos de evidenciar los obstáculos que el Estado mexicano está colocando
en el camino de acceso a la justicia y reparación del daño de las familias de los 40 migrantes
fallecidos, los 27 sobrevivientes y sus familias y las 15 mujeres sobrevivientes, porque buscar
mejores condiciones de vida no puede costar la vida o perder la funcionalidad de tu cuerpo por
una política migratoria de contención que criminaliza a las personas migrantes.