La crisis política en Nuevo León aparentemente se resolvió cuando Samuel García decidió regresar a la gubernatura y abandonar, definitivamente, sus intenciones de ser candidato a la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano (MC), donde la verdad es que eran mínimas sus posibilidades de ganar a las otras dos aspirantes.
Y es que, de acuerdo con sus encuestas ya se encontraba en segundo lugar en preferencias del voto, detrás de Claudia Sheinbaum y muy por arriba de Xóchitl Gálvez y, según sus cálculos al iniciar la fase final de las campañas, entonces ya disputaría el primer sitio.
Por supuesto la disputa por la gubernatura no era culpa suya, sino de los ’corruptos’ diputados del PAN y del PRI, quienes nunca accedieron a que a Samuel lo sustituyera temporalmente uno de sus colaboradores, es decir un militante de MC, cuando en realidad el partido naranja es minoría con once diputados contra catorce del PAN y trece del PRI. Incluso, inició con siete de representación proporcional y después ’chapulinearon’ 4 de otros partidos.
Aunque esos diputados exigían que fuera un militante de MC el designado como el sustituto de García, de acuerdo a la Constitución local no se condiciona que el interino debiera ser del mismo partido que el gobernador en licencia. Pero tanto para emecistas como varios morenistas pasaron por alto este punto para acusar al PAN y PRI de imposición del Congreso neoleonés por no ajustarse a sus ilegales deseos.
Toda esta situación ha generado otras consecuencias, como el hecho que desde el pasado fin de semana haya dos gobernadores: el interino Luis Enrique Orozco, designado por el Congreso, y Samuel García, quien con un simple acuerdo publicado en el Periódico Oficial notificaba que reasumía el poder, pero sin notificarlo a la Legislatura. Es decir, otro conflicto de tipo legal.
Otro punto: ahora MC deberá definir quién sería su nuevo precandidato, pero con la posible limitante que podría ser un diputado federal o un senador, con la condicionante de que debieron dejar el cargo público seis meses antes de las elecciones –es decir, el 2 de diciembre–, lo cual no se cumplió con los supuestos legisladores que aspiren a la postulación.
En fin, todo este conflicto tiene cuerda para un buen rato y, por supuesto, sus consecuencias son, por el momento, impredecibles para poder hacer posibles pronósticos de cómo se resolverán los procesos electorales no solo de presidente, también de nueve gobernadores, el congreso federal y los de legislaturas locales y presidencias municipales.