Adrián Chavarría Espinosa
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En la conferencia mañanera del pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció orgullosamente un acuerdo con extrabajadores de la aerolínea Mexicana de Aviación, consistente en que el gobierno federal se comprometió a pagarles 815 millones de pesos para que el gobierno federal sea el propietario de la marca para asignarla a la nueva empresa aérea que será administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
En su turno Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, al revelar varios detalles de la forma cómo operará Mexicana, precisó que al ser una empresa del Estado al igual que la infraestructura donde operará –las Secretarías de Marina y Defensa tendrán bajo su responsabilidad la administración de diferentes aeropuertos–, los puntos donde operará se podrán reducir los costos de los boletos.
Dijo: ’Aprovechando esta situación, que la aeronave estará operando en esos puntos (destinos), logramos poder reducir los costos de los boletos. Ese es el motivo por el cual establecemos que entre 18 y 20% menos’. Agregó: ’No va a ser un precio subsidiado sino va a ser un precio que se sacó en base al emplear la estructura del Estado mexicano en beneficio de los ciudadanos, los turistas nacionales o internacionales que viajan en estas aeronaves’.
Pero, por su lado, López Obrador anticipó que en este nuevo servicio ’no hay un afán de lucro’. Entonces, existe una contradicción entre el inquilino de Palacio Nacional y el secretario de la Defensa Nacional.
Por un lado el alto mando militar afirma que no habrá precios subsidiados, es decir que no será necesario recibir recursos oficiales para la operación de Mexicana, López Obrador anticipa que no habrá afán de lucro, lo cual significa que no existirán ganancias en la venta de boletos, pero entonces ¿cómo subsistirá la aerolínea?
Recuérdese que se desconoce de dónde sale o saldrá el dinero asignado para el proyecto, inicialmente, cuatro mil millones de pesos; además de los recursos posteriores para cubrir la renta de diez aeronaves Boeing 737-800 de 180 plazas cada uno para iniciar operaciones, así como el costo de su mantenimiento, la contratación de tripulaciones –serían tres por cada avión–, personal de tierra y administrativo, pago de turbosina, costo de mantenimiento, entre otros gastos.
Se afirma que para lograr la baja en las tarifas sería posible una reducción de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, conocida como TUA, además se podría aplicar un ’estrechamiento de márgenes’, lo cual sucede cuando determinada entidad paraestatal es la titular de un aeropuerto y puede aumentar o instaurar determinadas tarifas a sus competidores, lo que ocasionaría un aumento en los boletos de avión de ese competidor y la consecuente reducción de sus márgenes de ganancia.
Incluso, como tanto el Aeropuerto Internacional ’Felipe Ángeles’, que sería su principal base de operaciones, así como Mexicana serían operados por la Sedena, entonces se podrían acelerar una gran cantidad de requisitos y procedimientos para esa aerolínea del estado al ser la mencionada secretaría, simultáneamente, juez y parte.
Todo ello representaría, sin duda, una severa competencia para las aerolíneas privadas, quienes tendrían serias dificultades para igualar las condiciones de operación y podrían poner en riesgo su futuro. Recuérdese que en los últimos años han desaparecido varias de esas empresas, como han sido Aeromar, que ya dejó de volar, o como Interjet, la cual ya lleva dos años en huelga y sus deudas, en especial con el fisco, crecen día con día.
Frecuentemente López Obrador expresa sus críticas al neoliberalismo, al afirmar que anteriores gobiernos federales privatizaron empresas y servicios para ser ’entregados a la oligarquía’, lo cual durante su gobierno no solo ha buscado revertir, sino también ha procurado revivir el Estado autoritario, sin órganos autónomos que obstaculizan sus deseos.
Más la realidad es que el gobierno ha sido un pésimo administrador, donde las empresas que mantenía bajo su propiedad en lugar de generar utilidades era necesario inyectarles subsidios para mantenerlas en operación.
La realidad señala que esa negativa práctica sigue. Tan solo en los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador se destinaron a Pemex 890 mil 200 millones de pesos por concepto de aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y otros apoyos canalizados principalmente al pago de deuda de la empresa petrolera, la construcción de la refinería Dos Bocas, la compra de la refinería de Deer Park en Texas y la rehabilitación de sus refinerías.
Esas transferencias equivalen a 8.3 veces el presupuesto ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante ese periodo (107 mil 500 millones de pesos o bien, 11.6 veces el monto ejercido por el Instituto Nacional Electoral (76 mil millones 600 millones de pesos (y aún así López Obrador piensa en recortarle al INE diez mil millones de pesos solicitados para las elecciones del próximo año).
Ahora, a menos de cuatro meses para el despegue de la nueva Mexicana de Aviación, aún no están claros plan de negocios, manuales de procedimientos, ni permisos oficiales necesarios, por lo cual no se existe la certeza de que sea una empresa sin fines de lucro ni tampoco pueda garantizar sus propios ingresos para ser autosuficiente.