De acuerdo con los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus intenciones eran impulsar tres reformas constitucionales, de las cuales la eléctrica no prosperó; la segunda, sobre la Guardia Nacional, salió a medias y mediante reinterpretaciones de leyes secundarias se aprobó el paso de esa corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional; ahora, solamente resta la referente a su Reforma Electoral.
Respecto al caso de la Guardia Nacional, solamente con el apoyo de los legisladores priistas afines a su líder nacional, Alejandro Moreno, se logró la reforma constitucional en el Congreso federal para ampliar hasta el año 2028 la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública; solo resta que al menos 17 legislaturas estatales avalen el dictamen para que el Poder Ejecutivo pueda promulgarlo.
En el caso del cambio de adscripción de la Guardia Nacional, un juzgado federal en Guanajuato ya emitió una suspensión temporal para suspender esa medida, por lo que aún podría anularse legalmente y cancelarse definitivamente.
Por lo tanto queda pendiente la reforma electoral con la cual, de acuerdo a las intenciones originales de López Obrador se pretendía no solo transformar al Instituto Nacional Electoral para que pasara a ser una dependencia del gobierno federal, sino también al Tribunal Electora, para que sus integrantes no fueran nombrados por el Congreso, sino que fueran votados por la Ciudadanía. (Como si esa propuesta resultara más sencilla y menos costosa, en estos tiempos de ’pobreza franciscana).
Pero ahora, aparentemente hay cambio de señales al interior de Morena y de la presidencia. De acuerdo con Graciela Sánchez Ortiz, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Reforma Político Electoral, reveló que existen más de cien iniciativas y para la construcción de un solo dictamen a partir de mañana el martes, ya se trabaja para contar con un proyecto híbrido listo, con propuestas y modificaciones para finales de este mes, y de esta forma, tener la posibilidad de que sea aprobada por el pleno antes de terminar octubre.
Agregó que ante el rechazo del proyecto original de legisladores de oposición y ante la voluntad de los priistas para elaborar un dictamen a favor, se realizarán varios ajustes con las aportaciones de las más de cien iniciativas ya existentes, además de que a estos trabajos se sumarán las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, esta última presidida por Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.
Por cierto, el político campechano, a pesar del respaldo para sacar adelante la militarización de la seguridad pública, ha insistido reiteradamente en la no existencia de un pacto PRI-gobierno, menos para avalar una reforma electoral que atente o debilite a los órganos electorales.
Durante una conferencia de prensa expresó: ’No estamos trabajando con Morena ninguna iniciativa de reforma electoral en conjunto’; agregó: ’jamás se emprenderá ninguna acción alguna que signifique el menoscabo a las autoridades electorales. El PRI respeta y apoya sin regateos al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación’; y remató: ’el PRI jamás votará una reforma electoral que atente contra el INE o el Tribunal Electoral’.
Entre los puntos que el PRI respaldaría serían: reducir las diputaciones federales de 500 a 300, supuestamente manteniendo las plurinominales; una segunda vuelta para la elección presidencial; establecer la figura de vicepresidencia de la República; reducción del financiamiento público a los partidos políticos y permitir el voto electrónico.
Por su parte Jorge Romero, coordinador legislativo del PAN, consideró que ’sí se necesita una evaluación en el marco jurídico electoral de este país’, incluso para ello ya ha sostenido pláticas con el Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena. Subrayó que se ha dejado absolutamente claro que para el PAN es imposible una reforma que afecte o ataque a los árbitros electorales, dígase INE, OPL, o tribunales tanto federal como locales electorales.
Los temas que están dispuesto a reformar son segunda vuelta electoral, considerar como delito electoral la injerencia del Presidente, gobernadores, o alcaldes en una elección, y generar la figura de gobiernos de coalición, entre otras.
En el caso del PRD, su coordinador legislativo, Luis Espinosa Cházaro, puntualizó que la postura de su partido será ’defender al INE y a la democracia’, aunque adelantó que sí están abiertos a reformar algunas leyes secundarias.
Manifestó: ’Yo creo que los cambios que se requieren son suficientes con leyes secundarias, me parece que abrir la Constitución Política para modificar las normas del INE sería delicado, y más cuando hemos escuchado que el Presidente quiere desaparecerlo, pero sí podemos construir en las leyes secundarias algunos temas cómo reglamentar la reelección, que no se ha hecho’.
Ahora solo resta a esperar cuál será la nueva propuesta y su alcance, a fin de conocer si en realidad esta nueva reforma será trascendental o, simplemente, será una propuesta a modo para que Morena y López Obrador consoliden su proyecto y su famosa cuarta transformación.