Definitivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace todo lo que está a su alcance para terminar con los órganos autónomos sobre los cuales no mantiene control, sino además le resultan incómodos para su administración y su forma de hacer política.
Si bien han sido más que evidentes sus confrontaciones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional Electoral, ahora intenta hacer inoperante al Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, más conocido por su anterior sigla del INAI: Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Este organismo constitucional autónomo que garantiza no solo el uso adecuado de los datos personales en poder de cualquier dependencia, negocio o actividad que los requiera, además es el responsable de que cualquier autoridad federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, personas físicas y morales recursos públicos o realice actos de autoridad entregue la información pública que solicite cualquier ciudadano.
Para evitarlo el gobierno federal usa al recurso de ’clasificar por lo menos por 5 años’ la información que no quiere revelar, bajo el argumento de ser de ’seguridad nacional’, como ha sucedido con temas de petróleo, obras públicas y acciones oficiales, entre otros temas.
Para que el INAI opere legalmente necesita que cuente al menos con cinco de los siete magistrados de su pleno, pero el próximo 31 de marzo concluye el periodo de Javier Acuña Llamas, por ello con más de un año de retraso el Senado aprobó la integración de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, pero con el veto presidencial no asumirán el cargo.
Ante ello el pleno del INAI acordó en acudir a la Suprema Corte de Justicia para que intervenga y valide las designaciones anunciadas y pueda seguir operando,
Entonces de no resolverse este conflicto antes de concluir marzo, entonces el INAI quedaría inoperante por carecer del mínimo de magistrados en funciones, con lo que será una carrera del Senado en contra del tiempo para cumplir con esas vacantes. Igual sucede con la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Nadie discute la competencia presidencial de vetar nombramientos en los órganos autónomos, pero lo ha llevado al máximo para así terminar con la operación legal de una institución que resulta incómoda al Poder Ejecutivo Federal.
Nuevamente resulta lamentable la decisión de López Obrador de intentar terminar con el INAI y así continuará con otros organismos que representan un freno a sus ilegales acciones.