HAY dos controvertibles iniciativas de reformas constitucionales. La primera, presentada en septiembre de 2021, que el Presidente envió al Congreso como preferente para la reforma eléctrica, que desde un principio produjo una serie de opiniones divididas de las diversas bancadas legislativas en ambas Cámaras, como también objetada por importantes sectores de la economía nacional, que son grandes consumidores de la energía eléctrica.
Ante el cúmulo de inconformidades por el texto original, AMLO aceptó limar asperezas con los muchos opositores a su iniciativa, que busca afianzar a la CFE como la principal generadora de energía, que de paso limita las grandes inversiones para la producción de energías limpias; tema que los especialistas sostienen que debe ser prioridad buscar fuentes alternas de energía eólica, solar e hidráulica, para dejar atrás el uso de carbón o el diésel, por su alto nivel de contaminación atmosférica que todos los países tratan de atenuar. México, con esta propuesta, va contra la tendencia internacional.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, contempla que la reforma debe sufrir varios cambios en su texto, para poder conciliar los diversos puntos de vista que las bancadas legislativas exigen. La oposición asegura que, aceptando sus modificaciones propuestas, no podrá ser aprobada hasta después del 5 de junio, en que tengan lugar las elecciones para cambio de gubernaturas en seis entidades.
Sin embargo, el escollo más difícil de vencer será la negativa del gobierno de Estados Unidos para aceptar la aprobación de esta reforma, que ’sin cambiarle una coma’, AMLO quiere que aprueben los legisladores. El embajador Ken Salazar, tras la visita de John Kerry, importante funcionario del gobierno norteamericano, precisó que ’se requiere un marco de ley que respete los contratos con empresas que ya invirtieron en energías limpias, ya que, si no hay confianza, no hay inversión’, dura advertencia de Estados Unidos a México.
Otra iniciativa que será presentada en breve por AMLO, es la propuesta de reforma electoral que propone un nuevo INE y un nuevo Tribunal Electoral, donde, en ambos casos, los consejeros en el INE sean electos directamente por los ciudadanos mediante votación popular, al igual que los magistrados del Tribunal, mediante un complejo método de propuestas de candidatos, para que así los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, propongan a 30 mujeres y 30 hombres.
Los hombres y mujeres propuestos deben ser ampliamente reconocidos a nivel nacional por su ’vocación democrática, inobjetable honestidad e independientes’. Los candidatos serán evaluados por el INE, que debe destinar tiempo y recursos para esta nueva tarea.
Después de este complejo y enmarañado mecanismo, esos numerosos candidatos deberán ser designados mediante votación ciudadana en urnas electorales; así quienes obtengan el mayor número de votos, ocuparán la presidencia de cada uno de esos nuevos órganos, el resto de los votados quedarían como consejeros y magistrados.
Esta iniciativa de reforma constitucional plantea la posibilidad de la desaparición tanto de los institutos estatales electorales, como de los tribunales electorales locales, lo que significaría que tanto el INE como el TEPJF, absorberían las funciones y actividades de cada uno de dichos órganos.
De ser aprobada esta iniciativa, habría cese y desempleo de un millar de actuales funcionarios electorales locales, una verdadera ’tarea de romanos’ para los nuevos órganos con todas las broncas que ahora atienden y se resuelven en los estados.
En mi próxima entrega comentaré la reducción de diputados y senadores plurinominales, la reducción de financiamiento a los partidos políticos, y la propuesta de reducción presupuestal al INE, que también contempla la iniciativa.