Hasta la década de los ochenta, las generaciones de estudiantes, principalmente de primaria a bachillerato, relacionábamos aquello que se denominaba educación cívica, o clase de civismo, con una enseñanza que se nos impartía respecto a nuestra Constitución: los artículos más importantes eran el Tercero, el 27 y el 123.

Grosso modo, el Tercero garantizaba la gratuidad de la educación, en los niveles de primaria y secundaria; el 27 establecía la propiedad ejidal y comunal de la tierras repartidas a los campesinos después de la Revolución y el 123 los derechos de los trabajadores.

En este regreso a clases resulta muy interesante recordar esos datos, a los cuales aquellos maestros, muchos de ellos con orgullo, se referían como conquistas revolucionarias. A los alumnos se nos explicaba que la Constitución de 1917 había costado más de un millón de vidas durante la Revolución, y por ello se nos exhortaba a apreciarla.

Para nuestro impotente asombro, entre 1990 y 1992, Carlos Salinas de Gortari había desmantelado los tres artículos; el 27 y Tercero, con la finalidad, nada noble, de incorporar tanto la tierra de ejidos y comunidades agrarias como la educación, a la lógica del mercado.

Para ello contó con la mayoría en las dos cámaras, dominadas por los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional: el PRIAN; la historia le pasó la factura a esta perversa alianza.

Veamos en esta oportunidad únicamente lo relativo al artículo 27. Uno de los pretextos utilizados para echar abajo las propiedades ejidales y comunales lo proporcionaron los mismos fraccionadores clandestinos del PRI, que llenaban la periferia de las grandes ciudades de México, donde había ejidos y comunidadees agrarias, con los llamados ’paracaidistas’. Muchas veces, estas personas eran familias necesitadas de un lugar propio para vivir, pero también había invasores profesionales.

Desde los años 50 comenzó a darse ese fenómeno, cuando la capital de la República y otras grandes urbes se convirtieron en un imán que atrajo obreros a trabajar en las áreas industriales. A los engañados se les ofrecían apariencias, en forma de mayores oportunidades de educación para los hijos, servicios públicos y otras ventajas que no tenían en sus lugares de origen.

Durante las décadas de los 60 a los 80, el fenómeno creció y dio al gobierno salinista la oportunidad de cancelar el reparto agrario, incompatible con el neoliberalismo, y de paso incorporar al mercado las propiedades campesinas colectivas que antes de su reforma no debían venderse, porque su objetivo no era la especulación mercantil, sino la producción agraria.

En buena medida, la reforma al Artículo 27 se hizo con el pretexto de hacer a un lado los obstáculos que había para regularizar la situación de los posesionarios de tierras ejidales o comunales, quienes las ocupaban o bien por invasión o por compra de buena fe, pero sin que mediaran documentos de propiedad.

Entre los 70 y los 80, inclusive llegó a darse un fenómeno sumamente perverso, en el cual los fraccionadores clandestinos, muchos de ellos priístas, llevaban a cientos de familias a ejidos o comunidades agrarias, para que se hicieran con ’su terrenito’. En muchos casos, los compradores limpiaban el lugar de maleza, e inclusive de árboles, y una vez despejada el área, venía el desalojo, con gran abuso de la fuerza pública, y después una nueva venta, pero ahora a personas pudientes, a las cuales se les facilitaban los trámites.

Este recuerdo saltó a la memoria periodística durante en la ’Mañanera’ del 29 de agosto, en la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a una pregunta de Dalila Escobar, de la revista ’Proceso’, respecto a un problema legal que involucra a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente.
La reportera explicó que Raúl Salinas está presionando a campesinos de San Lorenzo Chiautzingo, Puebla, con el fin de apropiarse de una zona, que corresponde a su ejido, y es aledaña a la famosa hacienda ’Las Mendocinas’, propiedad del ’hermano incómodo’.

Ante ello, el presidente López Obrador nos llamó a no olvidar que la reforma de Carlos Salinas se llevó a cabo con el propósito de poner las tierras ejidales en el mercado inmobiliario.

Entre las consecuencias de tal reforma, que destacó el mandatario, como indignantes e irónicas, expuso que ahora hay ejidatarios convertidos en latidundistas, con extensiones de tierra de cinco, 10 mil, 20 mil, hasta 50 mil hectáreas. Desde antes de que Salinas cambiara la ley ya había presidentes de Comisariado, tanto Ejidal como Comunal, que actuaban como si las propiedades agrarias fueran exclusivamente suyas, y no colectivas.

De acuerdo con esta infomación, Raúl Salinas, al parecer se está quivocando de sexenio, porque además de la propiedad ejidal, pretende también quedarse con una zona federal, la correpondiente a un arroyo conocido como El Seco, o El Cipresal, según precisó la reportera. Todo parece indicar que sigue sintiéndose el intocable que fue de 1988 a 1994 y ya olvidó el periodo presidencial de Ernesto Zedillo.

La forma en que la reportera presentó el caso parecía extraída de prácticas muy comunes durante las décadas prianistas, porque a los campesinos se les enviaron, al principio, ’representantes’ del ’hermano incómodo’, después comenzaron a presionarlos y ahora, al parecer, ya se cuenta con el apoyo de funcionarios municipales y estatales, a fin de perpetrar el despojo, según aseveró Dalila Escobar.

En casos como el referido, además del evidente abuso de poder, que fue una práctica común durante buena parte del siglo pasado, podemos darnos cuenta de la forma en que legisló el PRIAN y que el cogobierno del que tanto se enorgullecía Vicente Fox había comenzado mucho antes del año 2000.

Fue tanto lo que se hizo en detrimento de la mayoría de los mexicanos durante casi 40 años, que recuperar el Estado de Bienestar va a ser una labor de varios sexenios. Parafraseando a don Daniel Cosío Villegas, lo ocurrido con el artículo 27 de la Constitución es una pequeña muestra, tanto del estilo de gobierno del PRIAN, como de los personajes que lo representan. Se trata del estilo prianista de gobernar.

Esta reflexión trae a la memoria una vieja consigna de las marchas y manifestaciones que realizaban organizaciones anti neoliberales desde el siglo pasado: ’¡Zapata vive… la lucha sigue!’