Aunque ya fueron promulgadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales para oficialmente proceder a la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por Claudia Sheinbaum, la realidad es que fueron ignorados deliberadamente varios recursos legales para evitarlo.
Por ejemplo, Martha Eugenia Magaña López, jueza federal por el estado de Morelos, emitió una suspensión de oficio para pausar indefinidamente el debate sobre el paquete legislativo en el pleno de la Cámara de Diputados, decisión adoptada después de que un grupo de magistrados solicitara un amparo para frenar el debate, al argumentar que los separará de sus cargos ’sin un procedimiento previo ni derecho de audiencia, con las consecuencias jurídicas, laborales, psicológicas y económicas" que el proceso implica.
De igual forma Felipe Consuelo Soto, segundo juez federal en Chiapas, concedió otra suspensión referente a los debates y ordenó que de aprobarse la legislación en el pleno federal, la reforma no fuera enviada a los congresos locales para su discusión y eventual aprobación, pero lamentablemente eso ya sucedió. Se precisa, que hasta no resolverse el amparo impulsado por los jueces, la suspensión se mantendría vigente.
Sin embargo, esos amparos legales se ignoraron y siguió el procedimiento legislativo.
Más aún. Francisco Javier García Contreras, juez segundo de Distrito del Estado de Colima, a petición de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, resolvió emitir una suspensión provisional para prohibir la publicación del decreto que avala la reforma judicial, a fin de que no entre en vigor. Pero, igualmente, esta decisión no fue atendida.
En respuesta Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, calificó de improcedente este último amparo y sencillamente argumentó que los quejosos ’están haciendo cosas notoriamente improcedentes. No lo prevé la legislación, no pueden estar actuando así’, pero es su opinión sin un dictamen oficial sobre las peticiones,
Tanto en Palacio Nacional como en el Congreso de la Unión, afirman que con la reforma judicial se busca un estado de Derecho, pero eso no sucede ya que desacatan e incumplen las órdenes para seguir adelante con ese trámite. Entonces se recuerda una famosa frase sexenal: ’No me vengan conque la Ley es la Ley’ y no descartemos que con los cambios en el Poder Judicial, entonces acomoden la Ley de forma impune, a sus deseos y gustos particulares.