Crece el conflicto al interior del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y ahora avanza en el terreno legal: por lo menos se han iniciado cinco juicios de amparo en contra del proceso donde José Antonio Romero Tellaeche fue ratificado como director general de esa institución, además de que hubo inconformidades en esa designación.

Vamos por partes. Tras la renuncia de Sergio López Ayllón –quien en su misiva de dimisión expresó que dejaba un centro de estudios con finanzas sanas y una plantilla de docentes de muy buena calidad–, María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), nombró a Romero Tellaeche director interino del CIDE.

Pero el nuevo directivo llegó con la espada desenvainada y tras expresar su respaldo al gobierno de la Cuarta Transformación, despidó injustificadamente a personal académico, se enfrentó con el alumnado y generó un clima de incertidumbre.

Al momento de designar al director definitivo, Álvarez Buylla anunció que por unanimidad se había ratificado al director interino, versión desmentida por representantes del Instituto Nacional Electoral, del Colegio de México y de la secretarías de Energía y Economía, quienes no estuvieron en favor de esa decisión, además se negó el acceso a la reunión del representante del Consejo Académico del CIDE.

Ahora el conflicto ha escalado hasta los tribunales donde se han promovido cinco juicios de amparo en contra de esa designación y, al menos, uno de ellos ya fue admitido por el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien citó a audiencia para mañana 3 de diciembre, a fin de decidir sobre la suspensión definitiva.

Y aunque estudiantes mantienen ocupadas las instalaciones de la carretera México-Toluca para exigir sean atendidas sus demandas y, por supuesto, están suspendidas todas las actividades, la dirección del CIDE emitió un comunicado donde se avisa que a pesar del cierre de sus instalaciones hasta nuevo aviso, continúan sus actividades académicas y docentes.

Se explica que "por el momento, las actividades sustantivas se realizan de manera remota y el personal opera de manera normal, hasta que las condiciones sean las idóneas para regresar a las actividades presenciales".

Con todo lo anterior se establece que el gobierno federal continúa con sus ataques a toda aquella institución educativa de nivel superior que no se alinee a sus políticas y propósitos y pretende combatir todo rastro de lo que califica como ’educación conservadora y neoliberal’.