-Lagunas legislativas ponen en jaque a la comunidad médica

-Injusta interpretación de la Ley General de Salud por parte de la FGR

-Anestesiólogos son acusados de narcos por adquirir el opioide con fines médicos

La legislación clara y precisa de las leyes es una responsabilidad del Poder Legislativo a efecto de evitar ambigüedades que permitan la comisión de delitos, por un lado, e injusticias, por el otro.

Ejemplos concretos de lo antes expuesto se han manifestado en las últimas fechas tanto en la normatividad del Instituto Nacional Electoral (INE) y en lo que respecta a la soberanía y supremacía legislativa.

Como consecuencia de interpretación distinta el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR violenta muy a menudo la ley electoral durante las conferencias mañaneras que se llevan a cabo en el salón Tesorería del Palacio Nacional.

Del mismo modo, el ex gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA esquivó el desafuero de la Cámara de Diputados escudado en la legislatura local a pesar de los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República y el saqueo de las finanzas estatales durante el gobierno panista de los ’vientos del cambio’.

Pero eso no es todo.

La Ley General de Salud también presenta fallas en la redacción que generan interpretaciones distintas y que provocan que se cometan injusticias bajo el argumento de que ’la ley es la ley’.

La ambigüedad legislativa mantiene en serio aprieto jurídico al médico anestesiólogo GUSTAVO DARDWIN AGUIRRE CASTRO domiciliado en Los Cabos, Baja California Sur, acusado por la FGR de posesión de cuatro cajas con seis ampolletas cada una, conteniendo fentanilo líquido.

El profesionista adquirió legalmente el medicamento en una farmacia certificada en Guadalajara, Jalisco, con su recetario autorizado, compraventa que fue avalada por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Sin embargo, cuatro días después de haber recibido las ampolletas con fentanilo para uso médico, personal de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina y Policía Estatal acudieron al domicilio del anestesiólogo a quien acusan de posesión de narcóticos.

Extrañamente, la FGR procedió e incautó el domicilio del anestesiólogo porque, supuesta o realmente, su recetario no está avalado por la COFEPRIS. Sin embargo, si la indagatoria indica esa irregularidad ¿Cómo es que la farmacia tapatía certificada por la citada dependencia autorizó la compraventa y el envío vía paquetería terrestre? Hasta el momento, la carpeta de investigación de la PGR no contempla responsabilidad alguna para el establecimiento que suministró el medicamento.

Desafortunadamente, la normatividad de la Ley General de Salud permite a médicos, veterinarios y odontólogos prescribir medicamento controlado, pero, a la vez, no autoriza la posesión ni la transportación. Es decir, ’te permito que lo compres, pero no lo tengas en tu casa o consultorio’.

Desde otra óptica, se autoriza la venta de fentanilo líquido para uso médico en farmacias certificadas, se permite la transportación del servicio de paquetería, la COFEPRIS avala el recetario para la compra, pero se sanciona al profesional de la medicina que utiliza ese medicamento controlado para el uso que le faculta la Ley General de Salud.

Pero ¿y nuestros legisladores en el Congreso de la Unión? Bien, gracias, atendiendo intereses partidistas, de grupos y personales.

En contraparte, si realmente el gobierno federal quisiera combatir el serio problema para la salud que representan los precursores del opioide y que, utilizado como droga es altamente adictivo y peligroso para el ser humano, reforzaría la vigilancia en los puertos marítimos, destino final de esa transportación ilegal procedente del continente asiático.

Para mala fortuna de la comunidad médica, las lagunas legislativas que provocan la incorrecta interpretación de la Ley General de Salud están ocasionando la injusta criminalización, principalmente, de los médicos anestesiólogos.

Cuestión de recordar que, en mayo de 2021, la anestesióloga MARISA BRITO con residencia en Iguala, Guerrero, enfrentó un calvario jurídico durante ocho meses luego de que la FGR la acusó de narcotráfico al intentar adquirir seis ampolletas de fentanilo para uso médico.

En opinión del abogado ANTONIO JUÁREZ NAVARRO, especializado en la defensa jurídica de profesionales de la salud existe una confusión en el uso médico de fentanilo y la elaboración de drogas sintéticas, pues el opioide líquido no es compatible para la producción de drogas, mientras el sólido podría utilizarse para la elaboración de pastillas adictivas que manejan los narcotraficantes.

Ante el abuso de la Fiscalía General de la República derivado de la ’interpretación a modo’ de la Ley General de Salud y en apoyo a su compañero médico GUSTAVO DARDWIN AGUIRRE CASTRO, la comunidad médica en Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora; y Culiacán, Sinaloa, expresaron públicamente su inconformidad con manifestaciones pacíficas ante lo que consideran un acoso por parte de la FGR.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Cierto que es como pedirle peras al olmo que diputados y senadores se pongan a trabajar, pero también es una verdad de a kilo que urge una revisión y actualización a fondo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes secundarias.

La ambigüedad o interpretación distinta debe desaparecer para dar paso a una aplicación concreta y clara de sus respectivos articulados que neutralicen la astucia y den paso a la inteligencia.

Y hasta la próxima.

mariodiaz27@prodigy.net.mx