Como se ha citado anteriormente en este espacio, ’no es lo mismo ser cantinero que borracho’, dicho que se aplica tanto al partido Morena como a sus dirigentes y militantes. Desde mucho antes, cuando la oposición de izquierda se integraba en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), siempre impugnó diversas acciones desarrolladas por las autoridades en los tres niveles de gobierno para respaldar las actividades del entonces partido en el poder.
Desde que fue ganando terreno la oposición, esas actividades en general pasaron ser configuradas como ilegales, por lo cual dejaron de ser puestas en práctica y permitió el avance de nuevas fuerzas políticas.
Por eso, ahora, cuando los llamados ’corcholatas’, es decir los destapados desde Palacio Nacional como aspirantes a candidatos a cargos de elección popular, en particular a la presidencia de la república, realizan actos proselitistas que pueden clasificarse como actos anticipados de campaña se quejan que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplica decisiones ’ridículas’ y ’desproporcionadas’.
Sucede que una vez concluidos las elecciones del pasado 5 de junio ya no hubo pretextos para que los morenistas participaran, digamos legalmente, en actos proselitistas oficiales por lo que bajo el título como el de ’reuniones informativas’, han organizado eventos masivos en Toluca y Torreón, con los principales ’corcholatas’.
Por ello el PRD presentó una queja por actos anticipados de campaña, proselitismo, vulneración a los principios de equidad en la contienda e imparcialidad, así como uso indebido de recursos públicos, en concreto, por el mitin realizado en Coahuila.
En su resolución el INE consideró que el mitin de Morena en Coahuila fue un acto ’probablemente ilícito’, por lo tanto concedió una tutela preventiva contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto; y el senador Ricardo Monreal para abstenerse de participar en estas movilizaciones.
Igualmente, se aprobaron las medidas cautelares para que los servidores públicos retiren de sus redes sociales las publicaciones relacionadas con el evento de Coahuila.
El proyecto de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró procedente la tutela preventiva porque, ’desde una perspectiva preliminar, se considera que el evento denunciado es probablemente ilícito, y ante el riesgo y el temor fundado de que pueda realizarse otro con iguales o similares características, es que se justifica su dictado, ya que se aprecia una posible estrategia encaminada a posicionar a Morena y a las personas que buscan una candidatura mediante dicho instituto político fuera de los plazos legales para ello’.
El consejero Ciro Murayama expuso que el evento en Coahuila tiene características de un acto proselitista para respaldar a Morena, no de uno ordinario de la vida interna del partido. Respecto al mitin de Toluca, recordó que la Comisión decidió no conceder las medidas cautelares porque se trataba de un hecho aislado y no existía inminencia de actos similares. Sin embargo, ahora se observa una posible estrategia de posibles actos anticipados de campaña.
Mientras el consejero exhortó a todos los partidos ’a no adelantar vísperas, los tiempos electorales, porque eso implica el uso de recursos que podrían afectar las condiciones de la competencia electoral’, por su parte la consejera Claudia Zavala coincidió en que son actos reiterados con fines proselitistas, impulsados por la dirigencia de Morena.
Además, se ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador y otros 29 servidores públicos abstenerse de participar en actos o eventos iguales o similares, entre ellos Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán López Hernández, Marcelo Ebrard y Delfina Gómez Álvarez, secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Educación Pública; los senadores Ricardo Monreal Ávila e Higinio Martínez Miranda; los diputados Moisés Ignacio Mier Velazco y Sergio Gutiérrez Luna; a quienes se les advirtió que de persistir en ese tipo de actos se les puede inhabilitar para ser candidatos a cargos de elección popular.
Sheinbam y Mario Delgado, líder nacional de Morena, anunciaron que impugnarían la medida. Incluso el dirigente partidista advirtió que todos tienen libertad para organizar eventos masivos, como lo han hecho siempre y si algún participante pudiera o no aspirar a algún cargo en el futuro, ’es absurdo que se pretenda limitar su participación desde ahora’. Incluso reclamó la necesidad de aprobar la Reforma electoral propuesta por AMLO.
Pero, con quejas y todo, Sheinbaum fue la primera en acatar la orden del INE y eliminó de sus redes sociales el tuit en el que promovía el evento de Morena en Coahuila. Porque, finalmente, ante la advertencia de que podrían impedírsele aspirar a alguna candidatura saben que deben respetar el marco legal vigente.
Quizá no sea incorrecto que los presuntos aspirantes participen en los clasificados como actos anticipados de campaña, pero existe la actual limitación legal y todos están obligados a respetarla hasta que sea modificada por el Congreso de la Unión.
Sin embargo todas las ’corcholatas’, tanto presidenciales como estatales, intentarán ver cómo evadir todas las limitaciones para seguir adelante con sus promociones personales a fin de anticiparse para concretar exitosamente sus aspiraciones políticas..