Desde el pasado sábado 17 de abril entró en vigor la obligación de que todos los usuarios de telefonía celular además de proporcionar sus datos personales también deben proporcionar sus datos biométricos para integrar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, un nuevo intento del gobierno federal para contar con este registro, pero la medida levantó polémica.
Mientras que las autoridades afirman que de acuerdo con la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, este nuevo registro tiene ’el único fin’ de ayudar en el combate al crimen, aunque de acuerdo con especialistas, es una medida que atenta contra la presunción de inocencia y los datos privados de los mexicanos.
Y no es cualquier cosa. Son 119 millones 179 mil 221 líneas cuyos usuarios deberán acudir obligatoriamente ante las empresas de telefonía que les proporcionan el servicio, con la tarjeta SIM y cumplir con los requisitos establecidos, porque de no hacerlo entonces se les cancelará el servicio totalmente.
Podrán decir que son demasiadas líneas telefónicas cuando se calcula que somos más de 128 millones de habitantes, incluidos menores de edad y personas en situación de marginación social que, desafortunadamente, carecen de este servicio. Sucede que existen individuos que utilizan dos o hasta tres celulares, para no mezclar asuntos personales con laborales, entre otras múltiples razones.
El problema central es que además de los datos usualmente solicitados para cumplir con diversos trámites que serían para personas físicas el nombre completo, nacionalidad, número de identificación, la clave única de registro de población, domicilio, fecha y hora de activación de la línea, precisar si el esquema de contratación es por plan o prepago y, en el caso de personas morales, es decir empresa que apoyan a sus empleados con celular para desarrollar sus actividades laborales, los datos del representante legal. Pero, ahora solicitan incluir datos biométricos como son huella digital, rostro, iris, retina y geometría de manos.
Además no será una tarea fácil, ya que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) reporta que en México existen 119 millones 179, 221 líneas celulares; de ellas, 99 millones 248 mil 945 son de prepago, el 83.3%, mientras 19 millones 930, 276 son de contrato anual o de postpago, el 16.7%, ante ello los expertos consideran registro como inoperante.
Antes mencioné que este era un nuevo intento del gobierno federal ya que en el 2008 la administración de Felipe Calderón Hinojosa se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut), pero en abril de 2011 se canceló cuando Alejandro González, entonces presidente de la Comisión de Justicia del Senado, dijo que ’no ha servido para combatir la delincuencia’.
También Héctor Osuna, entonces presidente de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), admitió que había una ’imposibilidad técnica’ del gobierno federal para ’operar un instrumento que estaba lejos de ser completo y confiable’. Pero la presente administración ha ignorado estas experiencias y sigue adelante con el padrón.
Son múltiples las objeciones en contra, van desde un encarecimiento en el servicio ya que las empresas telefónicas derivarán el gasto de creación y operación en sus clientes; el no existir una garantía de que los datos se mantendrán en secrecía, hasta el riesgo de padecer de suplantación de identidad, donde las personas podrían ser acusadas de delincuentes porque un delincuente hizo mal uso de su línea, ya sea por robo de aparato o por usurpación de número.
Y es que de acuerdo con la reforma ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, si los usuarios son inculpados, entonces deberán demostrar su propia inocencia, lo cual no debería ser por ir en contra de la presunción de inocencia establecida en el marco legal vigente.
Tampoco debe omitirse que de ninguna forma se puede garantizar la privacidad total de los datos recabados por las empresas telefónicas y supuestamente serán controlados por el Ifetel y debido a que muchas personas vinculan a su celular servicios bancarios, correos y redes sociales, al exponerse los datos biométricos de los usuarios causarán daños irreversibles.
Con el nuevo padrón México ingresa a una lista de 17 países autoritarios que exigen los datos personales y biométricos de sus ciudadanos, como sonChina, Arabia Saudita, Corea del Norte y Venezuela.
Por todo ello organismos empresariales y expertos del sector de las telecomunicaciones exhortan al Poder Ejecutivo para que revisen las graves implicaciones en materia de seguridad, privacidad y derechos humanos, entre otros aspectos, que tendrá el citado Padrón.
Lamentablemente, de acuerdo con lo ya demostrado anteriormente por el gobierno federal, simplemente ignorará esas voces de dudas e inconformidad y se aplicarán las medidas ya anunciadas, donde sus consecuencias serán difíciles de anticipar y los daños causados mucho mayores que los presuntos beneficios proyectados