Imagen del Poder Judicial

En cualquier parte del mundo la impartición de justicia debería fluir con naturalidad, basada en simple aplicación de la ley, en pruebas y testimonios, no en meros dichos y mucho menos mentiras.

Sobran casos en los que después de 10, 20 o más años, descubren que quien estaba encerrado era inocente. Es dejado en libertad como si nada hubiera pasado, cuando en los hechos su vida ha sido destruida. No hay reparación del daño y tampoco disculpa de la autoridad.

México no es la excepción, se llegan a fabricar delitos o se inventan historias, en los diferentes niveles socioeconómicos; no es exclusivo de ricos, clasemedieros ni pobres. Práctica común entre políticos que buscan venganza o deshacerse de adversarios. Sucede también cuando está de por medio millonario patrimonio o herencia, por rencillas familiares, por amistades descompuestas o por gente con desequilibrios mentales que pareciera disfrutar hacerle daño al prójimo.
Hay quienes se involucran en conflictos que le son ajenos, sobre todo cuando creen pueden obtener lucro, sin ética ni escrúpulo alguno. Sin importar el daño que pueden causar a las partes.

El caso de la familia Cuevas- Morán se volvió emblemático, exhibió impropia actuación de juzgadores.

Hubo necesidad de que interviniera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal en nuestro país, para revisar lo sucedido, valorarlo e impartir justicia, ordenar por unanimidad la libertad inmediata de Alejandra Cuevas y anular la orden de aprehensión contra Laura Morán, acusadas de homicidio sin las mínimas pruebas para castigarlas.

La decisión de ministros favoreció la imagen de la Corte, del poder judicial, porque al final prevaleció la impartición de justicia, no los errores o desatinos cometidos en instancias intermedias o por juzgadores que pusieron en duda la aplicación de la ley.

Sin embargo, no hay que perder de vista que los juzgadores son humanos y que por lo mismo pudieran llegar a equivocarse.

Ante equívocos, lo conveniente es señalarlos para contribuir a que se corrijan; procurar que floten verdad y justicia, sin inclinar por anticipado la balanza.

Dentro de este contexto, la alerta sobre resolución emitida por la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Tribunal Primero Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México.

El Séptimo Tribunal Colegiado, de oficio, sin queja de por medio, ordenó al unitario emitir nueva resolución (Toca Penal 21/2018) para que motivara o fundara penalizaciones aplicadas y, lo que hizo, a la vista de cualquier analista y experto en leyes, fue prácticamente repetir lo que ya había hecho.
Volvió a la conceptualización genérica, sin entrar a la sustancia y mucho menos fortalecer o reforzar argumentos, quizás porque de plano en el expediente no existen elementos para condenar.
Midió con el mismo rasero todas las conductas, sin tomar en cuenta criterios que derivan de las leyes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora corresponderá al sétimo tribunal colegiado revisar la actuación del tribunal unitario, para garantizar que prevalezcan justicia e imparcialidad, no injusticia ni parcialidad.

Las instancias intermedias también están obligadas a cuidar la imagen del poder judicial.
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