Por la forma como actúa Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, aparentemente busca seguir en la política como senador, pero en una lectura más profunda lo que realmente pretende es intentar tener algún tipo de respaldo legal por los problemas que él mismo generó durante su administración.
Si bien fueron solo dos años que se mantuvo al frente del gobierno estatal, fue tiempo suficiente para dejar secuelas que aún lo persiguen y, por los cuales, podría enfrentar problemas legales, incluso ser sometido a un proceso legal y de ser encontrado culpable podría ser castigado con cárcel.
Los problemas comenzaron desde que inició su administración, ya que a pesar de haber sido electo para gobernar solamente dos años, a fin de emparejar el calendario estatal con el federal, Bonilla pretendió ampliarlo a cinco, para lo cual contó con el respaldo de la legislatura local, pero no le funcionó y se vio obligado a respetar el calendario inicial,
Ya como gobernador cometió diversas irregularidades como intentar expropiar el Club Social y Deportivo Campestre, o pretender decretara la cancelación del cobro en la caseta Tijuana-Playas de Rosario, lo cual incluso ocasionó que la Guardia Nacional interviniera. Pero el mayor conflicto es la acusación por un desfalco por 12 mil millones de pesos, por presuntos actos de corrupción en licitación de planta fotovoltaica por la cual, incluso, se cobraron 123 millones de pesos como parte de la participación de una obra que no se construyó ni se va a construir y, además, nunca contó con los permisos federales para ser ejecutada.
Por este mismo asunto ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de Baja California, motivo por el cual busca protección legal. Por ello, tras dejar la gubernatura alentó la versión de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo designaría subsecretario de gobernación, cargo al cual nunca llegó ni a ningún otro en la administración federal.
Ante ese fallido intento ahora pretende regresar a la Cámara de Senadores, pero está impedido de hacerlo ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no puede reincorporarse a sus actividades legislativas por haber anteriormente haber decido postularse para gobernador. Es decir, busca alcanzar el fuero como legislador federal.
Realmente será difícil que logre obtener algún tipo de ayuda, incluso ni siquiera ha recibido alguna señal de apoyo desde Palacio Nacional, por lo cual puede anticiparse que tarde o temprano deberá enfrentar a la justicia y muy probablemente termine en la cárcel.