En la mitología griega a Themis, que significa ’ley de la naturaleza’ más que autoridad humana, y representa a la justicia y la equidad, representándosele con la balanza, que significa la equidad; la espada, como instrumento para aplicar la justicia; y en la mayoría de las ocasiones con los ojos vendados, para expresar que no existen preferencia hacia ciertas personas.
Lamentablemente en nuestro país esa representación no se ajusta a la realidad y la mejor prueba se encuentra en los procesos que se les siguen a dos expolíticos: Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, y Rosario Robles Berlanga, quien entre otros cargos ha sido presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, jefa de gobierno sustituta del entonces Distrito Federal y titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el sexenio que encabezó Enrique Peña Nieto.
Sucede que a Lozoya Austin se le acusa de los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales por su gravedad merecen prisión preventiva, mientras que Robles Berlanga enfrenta un proceso por un delito considerado no grave: ejercicio indebido del servicio público, el cual podría llevarse legalmente en libertad.
Esas condiciones ya definidas en las leyes y que deberían aplicarse no sucede así, más por cuestiones políticas que legales, ya que al exdirector de Pemex por ser un presunto testigo por presentar pruebas para implicar a sus jefes, quienes supuestamente lo obligaron a cometer actos de corrupción en detrimento del erario nacional.
En cambio a la política se le implica por no haber reportados los malos manejos sucedidos en la llamada Estafa Maestra, donde están involucrados otros políticos, entre ellos directivos de varias universidades estatales, quienes cobraron por obras y acciones que no se ejecutaron pero a quienes ni siquiera se les ha molestado, incluso se desconoce la existencia de órdenes de investigación o aprehensión en su contra.
La diferencia es que a Lozoya Asutin se le ha otorgado una categoría similar a la de testigo protegido, ya que ha expresado su intención de presentar pruebas en contra de quienes fueron sus superiores –documentales y 18 horas de video–, que de ser consideradas válidas entonces se les podría iniciar un proceso legal.
Ha sido tal el respaldo de las autoridades hacia el exdirectivo que, tras negociar y acepar su extradición desde España, nunca ha pisado prisión alguna, ya que al llegada a México en un operativo para distraer a los medios de comunicación, se le internó en un hospital para ser tratado de varios males detectados en la revisión practicada –aunque de inmediato las autoridades españolas aclararon que mientras lo tuvieron bajo su resguardo, nunca manifestó malestar alguno–; después se la autorizó arresto domiciliario y se le permite que mediante internet pueda cumplir con su firma quincenal en los tribunales.
Pero con Robles, quien acudió a declarar voluntariamente cuando fue citada para declarar sobre la citada Estafa Maestra, se le detuvo y ya cumplió un año en prisión preventiva pero sin ninguna acusación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por algún otro delito, diferente al ya mencionado.
Según Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, Robles permanece en prisión porque no ha cooperado, tal como lo ha hecho Lozoya, es decir que mientras ella no cumpla con el papel de delator de otros implicados en la citada estafa, no podrá ser beneficiada de la misma forma que el exdirector de Pemex.
Incluso Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en una entrevista radiofónica y tras aclarar que no conoce el expediente del caso de la expolítica, expresó que ’realmente por los delitos que se le acusan o imputan, cuando menos en la época donde ella supuestamente los cometió, no hay prisión preventiva, es decir, puedes enfrentar su proceso en libertad, tan es así que no era delito grave ni la corrupción ni las facturas falsas".
Robles ha insistido en varios amparos para que se le autorice la prisión domiciliaria, pero hasta el momento parece que solo ha avanza uno de ellos. Por ello difundió un escrito para denunciar lo que califica como una venganza y una procuración de justicia selectiva. Incluso sus abogados defensores afirman que el fiscal da a entender que ella está en prisión por ’no ser solidaria con el Estado’, dejando en entredicho que su defendida está privada de su libertad por no ’delatar’ a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada que revelar.
Agregaron que las imprecisiones de Gertz involucran a Robles de provocar un daño patrimonial, pero sin ninguna acusación formal por parte de la FGR por un delito diferente al que ya se mencionó y remataron: ’La FGR está obligada a investigar, fundamentar y comprobar sus acusaciones plenamente, más allá de toda duda razonable y no sólo hacer imputaciones’,
Es necesario rectificar en el caso de Robles para demostrar que en la justicia mexicana no existen casos selectivos o especiales, que de ninguna forma se utiliza para venganzas políticas o personales. De lo contrario, la justicia se mantendrá sin ser equitativa e imparcial, como acusaban antes quienes ahora encabezan el gobierno federal.