Listo el INE y TEPJF le dará 364 diputaciones a Morena y aliados y 83 senadurías
*La violencia se apoderó de México y el gobierno fracasó en programa de seguridad
*El secuestro de los delitos que más se cometieron en este sexenio
La autoridad electoral ha hecho el reparto de curules y escaños por partido y no por coalición, como demanda el bloque opositor, empresarios y exfuncionarios. El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene listo el reparto de espacios plurinominales en el Congreso. En el documento que se discutirá este miércoles en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del órgano electoral se confirma el criterio que se ha aplicado en los últimos 15 años: la distribución de curules y escaños será por partido y no por coalición. Con ello se otorga al bloque oficialista formado por Morena, PT y PVEM un total de 364 diputaciones, el 73% de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada de 334 votos que les permite hacer enmiendas a la Constitución sin necesidad de consensos con la oposición. Esta distribución suma el 18% de sobrerepresentación por arriba del 8% que marca la Constitución por partido, de acuerdo a la votación obtenida en la elección. El presidente AMLO ha sacado pecho nuevamente para defender el reparto y de paso ha llamado a las autoridades electorales a respetar la ley y a no ceder a presiones.En el Senado el oficialismo se perfila a obtener un total de 83 senadores, con ello se queda a solo tres votos de obtener los dos tercios que le permitan aprobar reformas constitucionales. Del lado de la oposición el PAN tendrán 22 espacios; el PRI, 14; MC, cinco; y el PRD, dos. En la Cámara baja, de acuerdo al anteproyecto del INE, la bancada panista se perfila con 72 diputados; el PRI, 35; MC, 27; y el PRD, solo uno . Además se contempla la llegada de un diputado independiente. Con ello, las fuerzas opositoras obtendrán, en total, el 27%.
El órgano electoral ha hecho público el contenido de los proyectos la noche del martes, horas antes de que se someta a discusión y votación en la comisión electoral. La aplicación de los límites de la sobrerrepresentación será por partido, como señala expresamente la Constitución en su artículo 54, y no por coalición, según se lee en el anteproyecto. Con ello han sido desestimadas las solicitudes que la oposición, organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, así como exconsejeros y exmagistrados electorales,han presentado ante el INE para frenar la sobrerrepresentación. Las implicaciones de otorgarle a un partido el poder de modificar la Carta Magna sin cortapisas ha sido el argumento principal con el que sustentan estas peticiones. Con este reparto, Morena asegura 236 diputaciones, el Partido Verde 77 y el Partido del Trabajo 51, un total de 364 curules, 30 legisladores arriba de lo que les corresponde de acuerdo a los votos obtenidos el 2 de junio y ya con el límite del 8% de sobrerrepresentación que marca la Constitución.
El alarmante agravamiento de las formas y los efectos de las violencias que están aconteciendo en México constituye un momento oportuno para una reflexión crítica y ponderada sobre lo que ha pasado en los últimos años con el crimen organizado y las políticas de seguridad implementadas por el actual gobierno para contrarrestarlo. No sólo porque estamos viviendo un momento excepcional respecto de la criminalidad organizada y sus maneras de comprenderla y enfrentarla, sino además porque estamos próximos a un cambio de gobierno que, sin duda, tarde o temprano tendrá que afrontar una realidad sumamente desafiante si no quiere dar la espalda a las violencias que aquejan al país. La promesa de una nueva política de seguridad y justicia para la construcción de la paz que el gobierno propuso causó mucha expectativa; sin embargo, con el paso de los años hay un sentimiento generalizado de deterioro social e impunidad. Más allá del discurso público que posicionó una estrategia de seguridad centrada en la tristemente célebre frase de ’abrazos, no balazos’, es necesario adentrarse en sus efectos políticos y sociales, así como en las consecuencias cotidianas que ha traído consigo la estrategia gubernamental contra las violencias.Queremos mostrar algunas dimensiones de lo que desde nuestro punto de vista representa el crimen organizado para la construcción de la pacificación y la paz. Muchas cosas se dicen sobre él, tanto popular como académicamente; no obstante, lo que más preocupa es la imagen que el Estado ha hecho del crimen y cómo trazar acciones para supuestamente enfrentarlo. La manera en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador imaginó su estrategia de seguridad, en clara contraposición a la ’guerra contra el narcotráfico’, fue muy importante y alentadora, dados los costos humanos que provocó una guerra insensata y mal calculada. Sin embargo, si bien el combate frontal al crimen organizado ha tenido consecuencias fatales, la estrategia del presidente López Obrador de no enfrentar el crimen, pero sí seguir utilizando a las fuerzas armadas para recuperar la seguridad pública, se ha tornado contradictoria y generado otras dinámicas de violencia que han puesto en entredicho la pacificación prometida. Paradójicamente, mientras un ex presidente se auxilió de las fuerzas armadas para terminar con el crimen organizado usando toda la capacidad del Estado, el actual mandatario amplió las facultades de las fuerzas armadas para regular el (des)orden social que ha resultado de la guerra contra las drogas. Comprender esta paradoja y analizar sus consecuencias es el objetivo de esta reflexión cualitativa.Críticos, detractores o defensores de las políticas de gobierno forman parte de un elenco de voces que encuentran resultados positivos o escasas transformaciones de la inseguridad. Cifras van y vienen, discursos públicos, mesas de opinión, programas televisivos, radiofónicos o columnas editoriales han constituido una narrativa saturada de mensajes que han llegado al extremo de constituir algo más ’real’ que lo real. No pretendemos enfrascarnos en un análisis de cifras para evaluar los cambios que provocaron las políticas de seguridad durante los últimos años, notando sus vaivenes que, aun siendo minúsculos, se usan para construir sentidos de verdad. Las cifras nos indican una realidad lamentable: el número de desapariciones ha seguido una línea ascendente desde 2018. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, al mes de agosto de 2023, 110 972 personas se encontraban desaparecidas y no localizadas. En cuanto a delitos del fuero común, si bien los homicidios dolosos, feminicidio, secuestro y extorsión se mantuvieron en un nivel promedio ascendente, los demás parecen haber bajado la tasa, pero obviamente no sabemos si son resultado de operativos de seguridad o de desafección para presentar denuncias.
Rosa Icela Rodríguez, dijo que en junio se liberaron a 3 mil 125 víctimas, se detuvieron a 6 mil 322 secuestradores y se desarticularon 696 bandas aumentó 37.2%, y dentro de ella la mayoría de los casos se registran como ’otros’. Es decir, no se precisa qué tipo de agresión ocurrió.Además, en el mismo lapso aumentaron 21% los casos de otra categoría de delito: la extorsión. Se pasó de 9,003 víctimas en 2019, a 10,971 en 2023.Pero lo que no toma en cuenta el gobierno federal que solamente ’ellos’ creen con sus datos que todo está normal y que el índice delictivo ha bajado en porcentajes que se inventan. Como ya sabemos que el programa ’abrazos y no balazos’ ya dijo la presidente electa Claudia Sheinbaum mencionó que continuará en su gobierno, por lo que tendremos esa medicina otros seis años. Por lo tanto podemos deducir que seguirá el apoyo del crímen organizado al gobierno y viceversa. Rosa Icela será la estará al frente de la Secretaría de Gobernación, ante eso no hay duda, todo seguirá igual. Tendremos violencia, secuestros,etc
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