CUERNAVACA, MORELOS. Nunca jamás nos hemos permitido sumarnos a las cargadas mediáticas y muchos menos cuando tal parece que el fin es el lograr el linchamiento populachero; sin otro propósito más que el llegar a la verdad sobre el escándalo, muy bien implementado en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogada Yasmín Esquivel, vamos a dar voz a los que se han colocado en la trinchera de enfrente, seguramente no la necesitan, pero el propósito del analista es que nuestros amigos que nos siguen en estas entregas del Comentario a Tiempo tengan la oportunidad de conocer esas otras versiones.

Empecemos por la propia ministra Yasmín Esquivel, quien en entrevista al colega del diario ’La Jornada’, Alonso Urrutia, rechazó ’categóricamente’ haber plagiado su tesis para obtener el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

La ministra, nos dice el reportero, fijó su posicionamiento público en el que rechaza ’terminante y categóricamente’ el supuesto plagio, reivindica como original el contenido de su tesis que comenzó a elaborar y revisar en 1985 y afirmó que esta información sólo pretende influir en el proceso de sucesión de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratificando que contenderá por ella.

La ministra, agregó, que siempre ha buscado la consolidación del Poder Judicial de la Federación ’más eficiente, moderno e independiente, respecto de los poderes fácticos y de interés. Por ello, continuaré en la lucha por consolidar un verdadero Estado de Derecho y el próximo 2 de enero buscaré con mi propuesta, que, por primera vez en la historia de nuestro país, la SCJN sea presidida por una mujer’.

Indica el colega, que la abogada al reivindicar la originalidad del documento -que, de acuerdo con las versiones es idéntico al de Edgar Ulises Baez Gutiérrez, refiere que tanto su directora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, y Hugo Italo Morales, quien dirigió el primer seminario de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNAM, avalaron su originalidad.

’Ninguno de los académicos participantes en el proceso de elaboración de mi tesis, ni la que suscribe, fuimos contactados para corroborar y cotejar la información publicada, lo cual constituye una falta de ética y profesionalismo periodístico’

Consideró apropiado que la UNAM iniciara un proceso de revisión con el fin de que se analice con base en la legislación universitaria. ’Confirmo mi disposición para colaborar con las autoridades universitarias en el proceso y así deslindar responsabilidades. Yo soy la primera interesada en que se esclarezca esta situación en su totalidad y se compruebe la verdad, por lo pronto he denunciado ante la fiscalía correspondiente, el supuesto plagio de mi proyecto de tesis’.

El Doctor en derecho Eduardo Andrade Sánchez, actual director general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, SEP; con quien me une una larga amistad que se fincó y se afianzó en las lides periodísticas, nos compartió su artículo al respecto de esta polémica, se dirige así en nuestro Grupo Institucional. Muy queridas y queridos colegas: algunos aspectos del posicionamiento de la Ministra Yasmín Esquivel, a quien conozco desde hace más de 30 años y me constan su capacidad y rectitud, obligan a analizar el tema desde otras perspectivas. Sobre eso escribí mi artículo de esta semana, que les comparto. Saludos.

Ahora bien, este es el análisis del jurisperito: ’Es necesario proteger a nuestro Máximo Tribunal de la ruindad que implica el ataque político contra cualquiera de sus miembros, por parte de aquellos a quienes en realidad no preocupa la pureza jurídica de los procedimientos pues lo que buscan es imponer sus intereses y, especialmente, mellar la posición de quienes con solidez jurídica -como es el caso de la Ministra Yasmín Esquivel-, han defendido posiciones válidas en favor de políticas nacionalistas. Llama mucho la atención que el periódico español El País ponga tanto énfasis en tratar de desprestigiar a la Ministra en cuestión.

A continuación, se refiere a esta práctica en Estados Unidos ’que, sin embargo, no afectaron las determinaciones de los congresistas, quienes aplicaron criterios estrictamente jurídicos y válidamente orientados a apoyar posicionamientos ideológicos que estimaron idóneos para su país.

En la elección de quien presida la Suprema Corte esos valores deben prevalecer, agrega, evitando que nuestro Máximo Tribunal se convierta en rehén de intereses económicos y políticos que pretenden imponérsele. Tal elección es un asunto interno que las y los Ministros deben verificar, atendiendo al interés superior de la propia institución cuya independencia debe defenderse frente a cualesquiera otros poderes, incluidos los fácticos, ajenos a lo que conviene al país.

Hay otra vertiente política que no debe perderse de vista: la vulneración del avance femenino en el ámbito jurisdiccional. Cabría esperar una reacción del feminismo contra el posible ejercicio de una forma de violencia política de género, contra una mujer que ha demostrado gran capacidad jurídica y que está en posibilidad de convertirse en la primera en presidir la Corte.

Más allá del perjuicio que se le pretende causar, es la institución la que resentiría un grave daño de ceder ante la dictadura de las redes sociales que linchan sin juicio previo ni derecho de audiencia. Independientemente de a quién elijan, deben evitar caer en la denostación de una ameritada integrante del Pleno. En rigor jurídico la embestida contra la Ministra no debería inhabilitarla para contender por la presidencia, como cualquier otro ataque no tendría por qué afectar las posibilidades válidas de otros aspirantes a ese cargo.

En que se basa Andrade Sánchez: ’en el conocimiento de estos temas, nos explica, a partir de mi desempeño en dos cargos vinculados al asunto: el de Abogado General de la UNAM, en la época de la tesis cuya autoría se cuestiona y recientemente el de Director General de Profesiones de la SEP. En cuanto a la eventual falta cometida, es evidente que las disposiciones actuales al respecto no existían en 1987. En consecuencia, no podría haber una aplicación retroactiva de las normas vigentes, cuya fuerza jurídica por cierto es bastante endeble ya que la privación del carácter de profesionista tendría en todo caso que ser producto de una sentencia judicial y no solamente decidida por el Tribunal Universitario, como pretende una directriz interna de la Máxima Casa de Estudios. Esta, además, no debería involucrarse oficiosamente en un conflicto político sobre el cual carece de competencia.

En el tiempo en que se produjo el hecho que se cuestiona no pronunció mi oficina interpretación alguna en relación con el plagio, ni se procedió contra alguien por ese motivo. Evidentemente, no se tipifica esa conducta, universitaria como delito en la legislación penal y si fuera el caso -que no lo es-ya habría operado la prescripción.

En sentido estricto la presentación de la tesis no tiene un carácter constitutivo para la obtención del título profesional. Se trata de una especie de ’requisito de procedibilidad’ para acceder al examen profesional cuya aprobación es la que da lugar a la emisión del título correspondiente, tal como se hace constar en el acta de examen, con base en la cual se rinde la protesta reglamentaria. Una vez que el jurado decreta la aprobación, es ese el acto constitutivo de la calidad que otorga el título correspondiente.

Debe entenderse que se trata de una situación similar a la ’cosa juzgada’ y que opera un principio de definitividad, como el que se aplica en el derecho electoral.

Una vez recibido el título con motivo de la aprobación del examen y registrado en la Dirección General de Profesiones, este documento adquiere plena validez frente a terceros y a mi juicio la supuesta falta de algún requisito previo, que no hubiera sido detectado a tiempo, no puede afectar su validez 35 años después de su emisión’.

El diario mencionado, en su última nota apunta, afirma que ’El ‘modus operandi’ de la profesora que asesoró a la ministra Yasmín Esquivel’, la maestra de la UNAM, Martha Rodríguez’ consiste en ese tráfico de tesis. EL PAÍS, además, afirma que ha encontrado siete trabajos plagiados, además de cuatro originales, dirigidos por la misma docente. Esa sería la labor de la máxima casa de estudios: investigar a su docente.

Solo conociendo las posiciones encontradas, podemos sacar conclusiones. No a las cargadas mediáticas, no al linchamiento populachero.