Desde hace muchos ayeres los gobiernos mexicanos han denunciado en diferentes foros y en forma directa ante las autoridades de Estados Unidos: al Presidente mismo, al Congreso y a una amplia grama de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el criminal trasiego de armas fabricadas en la vecina potencia del mundo y su anárquica venta, lo que propicia el poder de fuego del crimen organizado que opera en nuestro país y que se ha fortificado desde la falla guerra personal decretada por el presidente panista, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Lo sustancial del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el derecho que le asiste, presentó una demanda de grandes dimensiones contra los fabricantes y los armeros estadounidenses por todas consideraciones conocidas.

No faltarán connacionales que reprochen tal decisión y más ahora que se llevó a cabo la primera audiencia, desde luego que enfrentamos a un monstruo protegido por el denominado Club del Rifle y por autoridades locales y federales, remember Donald Trump. Algunos nos saldrán con el cuento de que vulneramos el libre comercio y que violentamos el T-MEC, Tratado o acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá.

México, representado por el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio y un grupo de abogados acusó a las armeras ’de negligencia debido a que sus estrategias de venta, publicidad, producción y distribución de sus productos no evitan que éstos terminen en poder de las bandas criminales; y reclama 10 mil millones de dólares debido a que considera que esto ha generado un daño al país por la violencia criminal derivada por esas armas’.

La demanda argumenta que cada año entran de manera ilegal a suelo mexicano, en cifras conservadoras, alrededor de medio millón de armas, de las cuales entre 70 y 90 por ciento provienen de Estados Unidos.

El consultor jurídico de la cancillería mexicana refirió que el proceso se presentó ante la Corte federal de Boston debido a que ’hay un vínculo’ de ese foro con el trasiego ilegal de armamento a México, inclusive se presentó un análisis econométrico en el que se presenta la trazabilidad y rastreo del tráfico de armas desde Massachusetts a territorio mexicano.

En la audiencia de la mañana de la víspera, de acuerdo con la nota de La Jornada, el juez F. Dennis Saylor dijo a los representantes legales de ambas partes que hoy no emitiría una posición o resolución; aunque cuestionó si permitir que la demanda de México trascendiera y pueda abrir la puerta para que otras naciones los demanden, incluida Rusia, por el tipo de arsenal usado por los ucranios en el conflicto en aquella zona.

Horas más tarde, en una conferencia de prensa remota desde la embajada de México en Washington, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, detalló que, ante esa pregunta del juzgador, los representantes de la parte mexicana respondieron que las circunstancias de este litigio son particulares de México en relación con las empresas demandadas.

El juez tomará varias semanas para analizar, leer y revisar todos los documentos y demás alegatos presentados por las dos partes, para después decidir si da o no entrada para que el proceso judicial avance a la siguiente etapa: la presentación de elementos de prueba, mismos que los abogados de la parte mexicana aseguraron que son contundentes. Estaremos más que pendientes de la resolución, se juega en gran la pacificación de nuestro territorio y en forma óptima la vida muchos mexicanos.