De igual forma que el caso de la guardería ABC en Hermosillo, el de los normalistas de Ayotzinapa marcaron los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, respectivamente, lo sucedido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 39 migrantes, será uno de los varios eventos que serán el sello del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al cual aun le resta poco más de un año de vigencia,
Sin duda este hecho ha sido uno de los más negativos en la actual administración, como han sido entre otras el desabasto de medicinas, le pésima atención a la pandemia de covid-19, el fraude a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el menosprecio a los órganos autónomos y su intento de desaparecerlos o, por lo menos, controlarlos.
Pero para López Obrador, quien presume que su gobierno es diferente a los anteriores, se ha preocupado por proteger a los responsables –o, mejor dicho, irresponsables–, de esos eventos, como ha sucedido con Ignacio Ovalle a quien de Segalmex se le reubicó en otra área de la Secretaría de Gobernación y reiterando que es un ’político bueno’,
Ahora, con el caso de Ciudad Juárez, el mandatario y Morena, su partido, han defendido a Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, respectivamente, para evitar que sean cuestionados públicamente y únicamente deberá comparecer ante legisladores federales Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), pero anticipándose que será exculpado.
Sin embargo, así como sucedió hace días con militares que marcharon en varias ciudades para demandar la libertad de los soldados a quienes se les implica en el asesinato de varios jóvenes en Nuevo Laredo, elementos del INM se manifestaron en respaldo de sus compañeros implicados en los hechos y, además, consideraron que son los mandos de primer nivel quienes deben ser sujetos a investigación y responsabilidad.
Los manifestantes precisaron que los mandos les ordenan operativos masivos para detener extranjeros, revelaron pésimas condiciones de las estaciones migratorias y denunciaron que se han registrado amotinamientos donde los que los agentes han sido encerrados.
Sin embargo esas quejas no van a ser escuchadas y será el personal operativo quien sea procesado penalmente, mientras que los mandos a lo más que serán expuestos, es a ser exonerados y reubicados, por lo tanto a pesar de las promesas de investigación a fondo y de no existir impunidad, porque contarán con la protección del gobierno federal.