Desde el 30 de julio de 2006 se inició un plantón que cerró hasta el 15 de septiembre, es decir durante 47 días Paseo de la Reforma, el cual fue encabezado por Andrés Manuel López Obrador, entonces aspirante a la candidatura presidencial por el PRD, en protesta por un supuesto fraude electoral que nunca se comprobó, hecho que el actual presidente de la república no ha logrado superar.
A 16 años de distancia de nuevo esa importante avenida de la Ciudad de México volvió ser bloqueada pero solo por unas horas, por miles de manifestantes en defensa de los organismos electorales –INE y Tribunal Electoral–, para no ser tocados y continúen siendo autónomos como una forma de mantener vigente la democracia moderna.
A los asistentes no les asusto, es más, no les importó que durante toda la semana López Obrador los haya insultado al haberlos calificado desde tachado hipócritas, clasistas, rateros, deshonestos, simuladores, corruptos, conservadores, aspiracionistas, clasistas hasta ladinos y , a los intelectuales de orgánicos.
En 2012, el tabasqueño admitió que el costo del bloqueo fue muy alto, ya que sus adversarios políticos lo usaron en su contra como estrategia de desprestigio, además muchos capitalinos le achacaban las afectaciones a negocios aledaños y altas pérdidas económicas. En cambio en la marcha de ayer hasta participaron representantes empresariales.
Ahora, las autoridades capitalinas intentaron minimizar la marcha. Según Martí Batres secretario de Gobierno de la Ciudad de México, informó en redes sociales que la asistencia a la marcha en defensa del INE fue de entre diez mil y doce mil asistentes; en respuesta los organizadores del evento aseguraron que se congregaron más de 200 mil asistentes.
Basta ver las fotos que circulan tanto en redes sociales como en portales informativos en internet la gran concurrencia para descartar la cifra emitida por el funcionario capitalino.
Además, la marcha se replicó en ciudades del interior, quizá no con tanta asistencia pero si con el ánimo de expresar su inconformidad hacia la reforma política que pretende imponer López Obrador, quien desde Mérida, Yucatán, rechazó aceptar cambios a su propuesta para que sea aprobada por los legisladores al asegurar ’que los principios no se negocian’.
Pues ahora los diputados federales y senadores deberán valorar las expresiones ciudadanas para cuando deban votar las reformas propuestas. Entonces deberán definir si están con la ciudadanía que defiende al INE y al Tribunal o acatan las órdenes presidenciales.