A mi muy querido amigo y reconocido internacionalmente periodista, Luis Manuel Arce Isaac, director en México de la agencia de noticias cubana, Prensa Latina, PL, ante el viaje al éter eterno de su amada madre Doña Olga Isaac Torres; le queda el consuelo de que la disfrutó hasta sus 97 años. Nos unimos al duelo de toda su familia consanguínea y política, de sus amigos y del gremio periodístico cubano, mexicano y latinoamericano. In memoriam.
Nuevamente un golpe mortal a ’la cultura de la desconfianza’, que tanto daño le ha causado al pueblo de México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha suprimido la absurda normatividad que obligaba a todo exfuncionario gubernamental de trabajar en el sector privado por largos 10 años.
Es decir, el derecho al trabajo, en forma absurda, fue maniatado por esa cultura de la ignorancia y de la sin razón.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, en sesión pública, afirmó ’que esa norma no cumple el criterio de ‘necesidad’ porque su plazo es muy largo. La norma impuesta a exfuncionarios no cumple el criterio de ‘necesidad’’.
Nosotros, agregaríamos, que sólo deberían están supeditados a esa norma los exfuncionarios que hubieran tenido acceso a información de seguridad nacional.
La decisión fue por unanimidad, exacto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, declaró como inconstitucional el candado de 10 años que debían esperar los funcionarios públicos para ingresar a laborar en el sector privado, una vez que dejaran el cargo.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, agregó, que esta norma, que estaba incluida en la Ley de Austeridad Republicana, no es necesaria, ya que establece un plazo demasiado largo en comparación a otras medidas que buscan regular las mismas acciones. En congruencia Zaldívar razonó que, esta regla no puede aplicarse de la misma manera para todos los altos cargos ya que manejan información diferente.
’No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo tanto, me parece que la norma es sobreinclusiva’, afirmó el ministro presidente.
En el mismo tenor, el ministro Alberto Pérez Dayán, adujo que esta diferencia entre las tareas que desempeñan los funcionarios es lo que lo llevó a votar a favor de la inconstitucionalidad.
En su posicionamiento, expuso que una norma de este tipo ’debe operar para cualquier servidor público que, a razón de sus funciones, tenga acceso a información privilegiada y esto genere una ventaja frente a otros trabajos’.
A su vez, el ministro Luis María Aguilar argumentó que esta norma podría generar incertidumbre, ya que va en contra de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
’En la Ley de Austeridad Republicana se señala un periodo de 10 años como prohibición, mientras que en la Ley de Responsabilidades Administrativas se señala solamente un año. ¿Cuál sería entonces la sanción que se debería aplicar? Y, ¿cómo sería el supuesto que se está incumpliendo si una ley dice un periodo y la otra dice otro?’.
La Ley de Austeridad Republicana fue publicada en noviembre de 2019 como uno de los ejes rectores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que buscaba generar ahorros en el gasto público. De acuerdo con ese criterio, sin embargo, lo que debe indefectiblemente es respetar y hacer valer el derecho al trabajo. OTRO GOLPE A LA CULTURA DE LA DESCONFIANZA.