Las personas viven inmersos en un sistema de normas, su comportamiento se rige por ellas, aún sin ser conscientes de su presencia, desde antes de nacer y después de morir. En México se encuentra jerarquizado a partir de la norma fundamental que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual surgen todas las demás y dependen unas de las otras, que regulan supuestos jurídicos dirigidos a las personas y a la sociedad, así como las relaciones que se establecen entre ellos. Existen en la ley fundamental, normas dirigidas al Estado y los órganos que lo integran.

El ahorro del plan de austeridad tendrá que pasar el tamiz de la burocracia y los cambios a las partidas federalizadas por la SHCP a las reglas del nuevo estilo del ejecutivo y con el riesgo del centralismo y a la violación a la autonomía de los estados y a los municipios por acciones de inacción o acciones públicas de rentismo social, abatir entre ellas. El presupuesto público está sujeto a dos elementos, la ley de ingresos y presupuesto de egresos que permitirán obra pública y prestación de servicios como, salud, educación, Seguridad, transporte, ecología, deporte, investigación, etc. Toda esta argamasa de dinero que tiene el Estado permite ser parte de la actividad económica del país y ser canal de inversión de la incentivación de la inversión privada conforme a las reglas de operación desde la transparencia y rendición de cuentas.

Los jóvenes son un segmento estratégico para las sociedades. Han logrado acumular un gran capital cultural y social en base a la expansión de la información cibernética en relación al siglo pasado, para el futuro de México podría mejorar si las condiciones de vida de millones menores de edad, cifra que actualmente reside en el país, son mejor atendidas en todo lo relacionado con sus derechos. En principio, salvar su entorno de la violencia porque este mal se perpetra cuando secuestra mentes pequeñas.

El Consejo Nacional de Población, para el año 2030 habrá menos niños, la cifra representará 17.8% de la población de menores. Los próximos años 2020-2024 serán fundamentales para los sistemas de administración pública con acciones de una visión orgánica administrativa de eficiencia y eficacia, los retos son abismales ante un esquema histórico de corrupción e impunidad del poder público como medio enriquecimiento ilícito y en agravio a la administración pública, reflejado en situaciones de desigualdad social y pobreza. Además de contribuir a los esfuerzos encaminados a aliviarla pobreza, esos sistemas deberán establecer condiciones esenciales. Las iniciativas de gobernanza comprometida; aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones, y la ejecución de programas de lucha contrala corrupción. Hay más de 10 millones de jóvenes en rezago educativo. Son casi exactamente la mitad de quienes son mayores de 20 y menores de 30 años de edad. Eso les genera pobreza y vulnerabilidad, incrementa riesgos de todo tipo: a la violencia, las adicciones, el empleo precario. Y lo más grave, no tienen opciones. Aunque son muchos no se ven. Parece que no cuentan. Nadie se hace responsable de abrirles otra oportunidad.

Las demandas sociales, a través de políticas públicas orientadas a la seguridad, educación, salud y combate a la pobreza, para dar atención a la población, principalmente a mujeres y hombres en condiciones de marginación y rezago social.

El problema de la seguridad pública se ha convertido en la principal preocupación de los mexicanos. El incremento en la incidencia delictiva en general, la tasa de homicidios y el aumento de los delitos patrimoniales, han dañado la percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad en sus ciudades, colonias y comunidades, dañando a su vez la convivencia cotidiana y a las afectaciones de la perdidas d sus salarios de una clase desprotegida las más vulnerable de la delincuencia, en trasuntes, casas habitación, estudiantes, en el transporte. Para hacer frente al problema, en los últimos años se aprobaron cambios legales con el fin de aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal penal y se legisló en ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema penitenciario, delincuencia organizada o coordinación en materia de seguridad pública.

Factor multifactorial de la criminalidad no ha cedido y la percepción de inseguridad se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos. Repetir las mismas estrategias podría agravar la de por sí delicada situación en muchos estados y ciudades del país. En este sentido, la política de paz y seguridad del actual Gobierno de México gira en torno a cuatro grandes ejes; a) Una sólida estrategia anticorrupción, acompañada de políticas de desarrollo social y económico que fortalezcan el tejido social; b) La creación de la Guardia Nacional que busca combatir los delitos más graves y al mismo tiempo ser subsidiaria con los gobiernos estatales y municipales, considerando las limitaciones en los estados de fuerza con los que cuentan; c) El fortalecimiento de las policías estatales y municipales para que paulatinamente asuman a plenitud sus funciones y facultades y se articulen con el Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos; y d) El desarrollo de un sólido sistema de justicia cívica y programas de trabajo a favor de la comunidad que prevenga el delito en sus etapas más tempranas. El reto del gobierno en entrarle al tema central: el marco jurídico de la defensa nacional dentro de la República, comprendido en el concepto de seguridad interior, con el intento fracasado del presidente Peña Nieto en 2018 para reglamentarla con la Ley de Seguridad Interior que diseñó, aprobó, promulgó y congeló y que echó abajo la Suprema Corte. La seguridad interior es la garantía de estabilidad interna para el desarrollo.

El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 la define con claridad: ’Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Al garantizar el orden constitucional la gobernabilidad democrática, sienta las bases para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, permitiendo así el mejoramiento delas condiciones de vida de su población’. La herencia transexenal que simboliza el caso Ayotzinapa. Los Municipios y estados son dos actores del federalismo con una relación peculiar de dependencia en aspectos centrales, al mismo tiempo que gozan de autonomía tutelados constitucionalmente; de esta forma, las legislaturas estatales tienen facultades de decisión sobre la hacienda pública, cuyo abuso o mal uso pude comprometer el diseño de la legitimidad y eficiencia de fragmentación del poder en la constitución.