Piden fortalecer derechos de periodistas y defensores medioambientales

En el Congreso mexiquense se propuso dar prontitud a la aplicación de los protocolos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y líneas de apoyo económico para cubrir necesidades básicas de sus beneficiarios en situación de riesgo, así como reconocer jurídica y socialmente el papel de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente para salvaguardar el patrimonio natural, así como la tutela de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

En sesión deliberante, al lamentar los 15 asesinatos de periodistas en el país en 2022, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora parlamentaria del PVEM, propuso reformar a la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México para que cuando una persona periodista solicite la protección de sus derechos se reduzca de 10 a 5 días hábiles el plazo para brindar respuesta y de 72 a 48 horas el plazo para comunicar los acuerdos y resoluciones a las autoridades correspondientes y al beneficiario.

Asimismo, asignar los recursos económicos suficientes para cubrir necesidades básicas de las personas beneficiarias y de su familia en primer grado que dependan de estas; vigencia y montos determinados en el estudio de evaluación y riesgo; que las autoridades competentes deberán enviar un informe cada 15 días hasta su conclusión del asunto de conocimiento y facultades a sus superiores sin que se viole la secrecía y el debido proceso; y que los municipios hagan efectivas inmediatamente las medidas preventivas para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Además, la legisladora Claudia Desiree Morales Robledo propuso definir, en el mismo ordenamiento, a la persona defensora de derechos humanos como las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos, incluyendo los relacionados con la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Con lo anterior, explicó la legisladora, se busca coadyuvar con la protección de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio, pues entre 2012 y 2020 se identificaron 582 ataques a nivel nacional, por lo que serán sujetas de derechos y podrán acceder a la protección que les debe otorgar el Estado. Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Gobernación y Puntos y de Derechos Humanos.