Debido al ’error’ de haber incluido en el plan ’B’ de las reformas a las leyes electorales secundarias la llamada cláusula de la vida eterna para los partidos políticos minoritarios –por cierto, aliados de Morena–, que finalmente fue modificada por la Cámara de Diputados ya no hubo tiempo para ser debatida y finalmente avalada, ahora será hasta febrero del 2023 cuando vuelva a ser debatido ese punto.
Ante ello legisladores de oposición consideran que en este conflicto político el gobierno federal y sus adversarios van empatados: ellos ganaron el primer punto al haber cancelado las reformas constitucionales electorales, pero las autoridades federales empataron cuando lograron avanzar con su plan ’B’, por lo que ahora planean ganar en el plan ’C’.
De acuerdo con el senador Germán Martínez Cázares, integrante del Grupo Plural, reveló que cuando entren en vigor las reformas a las leyes secundarias, las cuales insistió en ser violatorias de la Constitución, la cancha estará en varios lugares como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Explicó que mediante esas controversias además revisarse los juicios laborales por despidos injustificados o inconstitucionales de los vocales distritales, que son competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además podrán acudir al juicio de amparo ’quienes se sientan agraviados en sus derechos por esta ley.
Por su parte Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, anunció que en enero de 2023 su partido presentará diversas acciones de inconstitucionalidad en contra del Plan B en materia electoral que impulsó el gobierno federal. ’Presentaremos en enero de 2023 acciones de inconstitucionalidad para expulsar del orden jurídico las normas generales electorales que son contrarias a la Constitución y buscan generar un daño irreversible a la democracia del país y a la autonomía de órganos electorales’, anticipó.
Puntualizó que estas acciones servirán para que en el país se mantengan elecciones libres y autónomas, como las realizadas en los últimos 30 años, sin regresar a los tiempos en que el gobierno era juez y parte del proceso electoral.
Aún no está dicha la última palabra en la reforma electoral, pero será necesario que todas las acciones impulsadas por la oposición tengan respuesta favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo contrario todo el sistema electoral que se ha construido en los últimos treinta años, quedará totalmente anulado, un gran daño a la democracia mexicana.