Contrario a su promesa de campaña, de regresar al Ejército Mexicano a sus cuarteles de donde salieron para realizar funciones de seguridad pública, más concretamente enfrentarse al crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asignado otras funciones y nuevas responsabilidades a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es decir, el presidente decidió apoyarse tanto en el Ejército como en la Marina para concretar varios de sus proyectos insignia, algunos de los cuales los calificó como estratégicos, desde apoyar el combate al robo de combustible de Pemex, la custodia de pipas, implementar la vigilancia en las fronteras norte y sur para frenar la migración hacia Estados Unidos, construir cuarteles para la Guardia Nacional, apoyar a los programas ’Sembrando Vida’ y ’Jóvenes Construyendo el Futuro’, distribuir fertilizantes así como implementar la vigilancia en la entrega de los recursos de programas sociales.
Pero hay más: también construir los aeropuertos internacionales en Santa Lucía y en Tulum, las dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, dos tramos del Tren Maya, la remodelación de 32 hospitales abandonados en sexenios pasados y, como parte de la emergencia sanitaria por Covid-19, ofrecer atención de esta enfermedad.
Incluso, se intentó que la Guardia Nacional –la propuesta federal contra la violencia y la delincuencia organizada y que debería ser un órgano civil, de acuerdo a la Constitución–, pasara al control de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual no se concretó debido al decidido rechazo de la oposición, pero ya se advirtió que en el futuro insistirá en esa iniciativa.
Pero la semana pasada, durante la reunión con la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad reveló que las secretarías de Marina y la Defensa Nacional están listas para retirarse de aquellos municipios donde ya no se requiera el apoyo de las fuerzas armadas.
Para ello los titulares de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval, se comprometieron a presentar en los próximos días un informe de la situación de cada municipio y región del país en materia de índices delictivos, para establecer en cuáles de ellos ya no se necesita su apoyo.
Sin embargo, en realidad en lugar de disminuir las regiones donde imperan los hechos violentos, han crecido y eso se comprueba con las informaciones diarias, que relatan las acciones del crimen organizado en sitios que antes estaban libres de esa situación.
Pero trascendió que esta propuesta de las fuerzas armadas se presenta debido a que los militares están sometidos a un alto desgaste, tanto operativo como administrativo, por lo cual los miembros de la tropa, cuyos elementos que son llevados de un punto a otro de todo el país, en ocasiones en difíciles condiciones, agradecerían se autorizara a iniciar el repliegue.
Sin embargo, se requeriría conocer la respuesta de los gobernadores quienes, junto con los militares deberán elaborar un informe para justificar la decisión de los lugares donde resulta viable la iniciativa, para después votarlo en el Congreso.
También las fuerzas armadas acapararon titulares de los medios impresos, electrónicos y digitales, ya que en las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), responsable de la investigación a fondo de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, no se pudo llegar al fondo del asunto por falta de información oficial.
Sucede que esta agrupación acusó que tanto la Marina como la Defensa Nacional, han ocultado reiteradamente lo que se calificó como información vital para ubicar con el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Cuestionado sobre esta denuncia, en la conferencia mañanera del jueves pasado López Obrador afirmó que respeta el punto de vista de los expertos del GIEI, a quienes reconoció su ayuda en la investigación pero advirtió que no lo comparte. Aseguró que se ha avanzado en la investigación por la colaboración de Defensa y Marina y porque no se permite la impunidad.
Dijo: ’Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes, se ha ido avanzando, bastante, mucho, hay como 115 detenidos y no solo funcionarios menores o personas de pocas influencias, no; está detenido el anterior procurador y dos generales’ y reiteró que ’no hay impunidad’.
Tras impedir que los dos secretarios respondieran directamente a los periodistas, bajo el argumento de que él es el comandante de las fuerzas armadas, subrayó que sí cumplirá con su promesa de campaña de encontrar a los desaparecidos por policías municipales, grupos criminarles, pero también por elementos de las Fuerzas Armadas.
Sin duda han sido excesivas las cargas a los militares y marinos, tanto oficiales como administrativas y extraordinarias, porque pese a responder a todas las órdenes presidenciales, debe admitirse que ya existe un cansancio en ellos que debe atenderse antes de hacer crisis.
López Obrador no va a cambiar de idea y se mantendrá firme en seguir adelante con su política de mayores cargas laborales de los militares, en especial en actividades que no les corresponden, pero al final las más perjudicadas serán las fuerzas armadas, ya que a pesar de todo el positivo esfuerzo desarrollado, lamentablemente no podrán cumplir eficientemente con todas las tareas asignadas.