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Gran revuelo se registró este miércoles con la detención de Emilio Lozoya Austin, quien fuera director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración de Enrique Peña Nieto, a quien señalan como uno de los principales involucrados en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, además de ser acusado de varios actos de corrupción.

Tras confirmar la aprehensión registrada en Málaga, España, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, confirmó que ’vamos a iniciar el litigio allá para traerlo’ a México, y reconoció el apoyo de la Policía Española y de la Interpol.

Ahora Lozoya Austin estará a disposición del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien ya definió que ante el riesgo de una posible fuga será mantenido en prisión mientras las autoridades de México tramitan toda la documentación necesaria para solicitar su entrega, para lo cual tienen un plazo de 30 días.

La detención fue celebrada por varios funcionarios federales, entre ellos Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien calificó a Lozoya Austin como el operador de la ’peor corrupción estructural del neoliberalismo’, así como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien señaló que con estas acciones ’se cumple el objetivo del presidencial de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad’.

Pero más allá de las celebraciones oficiales de la detención, en poco más de catorce meses de gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, sería el segundo caso de verdadera relevancia en la presunta lucha contra la corrupción, donde la primera detenida ha sido Rosario Robles, exsecretaria de estado también en la administración de Peña Nieto.

Según el gobierno federal anualmente se perdían hasta 500 mil millones de pesos por actos de corrupción, pero solo tienen en proceso legal a los citados exfuncionarios, pero ¿eso es todo, son los únicos que presuntamente cometieron ilícitos en el gobierno federal?

Si en verdad se cometían los graves casos de corrupciones denunciados, entonces deberían de existir más personas detenidas e investigadas, no sólo dos y a quienes por las declaraciones oficiales ya han sido juzgadas y calificadas de delincuentes pero sin haberse desarrollado y concluido los correspondientes procesos penales.

Es de esperar que tanto Robles como Lozoya sean objeto de juicios legales y objetivos y de comprobarse su responsabilidad, sean sancionados, pero en caso contrario deberán ser liberados y dejar de ser considerados como delincuentes, como sucede en estos momentos.