En la entrega de ayer se analizó la posibilidad de que con la segunda vuelta electoral se termine con la polémica de que algún candidato a la presidencia de la república decline en favor de un adversario con el propósito de reforzar las posibilidades de que la ciudadanía elija a un ganador con mayor credibilidad y legitimidad política y social.
Se debe reiterar que la segunda vuelta electoral se aplica cuando una fórmula presidencial –según su organización política puede comprender tanto a candidatos a presidenta o presidente y a su correspondiente vicepresidente–, no logró la mayoría absoluta de votos en la primera vuelta con respecto a los demás candidatos.
Además de México, otros países sin aplicar el balotaje son Venezuela, Paraguay, Panamá y Honduras. En sentido contrario entre otras naciones se pueden citar a Afganistán, Argentina, Austria, Brasil, Bolivia, Bulgaria, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Ecuador, Finlandia, Francia, Ghana, Guatemala, Haití, Indonesia, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rumania, Serbia, Ucrania, Uruguay y Zimbabue.
En estos países la segunda vuelta está considerada como un proceso integrado a sus correspondientes Constituciones o leyes máxima, donde cada país define su propio sistema electoral y en función de sus leyes específicas.
Debe aclararse que anteriormente en Nicaragua se practicaba la segunda vuelta si es que un candidato lograba una diferencia de 40% sobre sus demás contrincantes, pero en el año 2014 se modificó el artículo 146 de su Constitución Política, para que el presidente fuera electo por mayoría relativa en el día de las elecciones.
Recientemente se han realizado elecciones en Brasil y Argentina, donde se prevenían posibles conflictos políticos por la polarización social generada en las campañas proselitistas, pero con los resultados de la segunda vuelta electoral, finalmente tanto candidatos como votantes quedaron sino no satisfechos, al menos aceptaron a los ganadores, quienes asumieron sus responsabilidades sin conflictos. Lo que sucedió después, ya es otra historia.
Con estos antecedentes debería analizarse con mayor profundidad la posibilidad de implementar el balotaje en México, aunque corresponderá a la próxima legislatura federal el poder debatir y, en su caso, aprobar la correspondiente reforma constitucional para aplicarse hasta la elección presidencial del 2030, pero podría ensayarse en comicios para gobernadores.