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Resulta triste que mientras en otros países se reconoce la labor de doctores, enfermeras y personal médico y de servicios públicos que trabajan para tanto atender la emergencia registrada por la pandemia del coronavirus, como para que se mantengan en operación los servicios públicos necesarios, en México sean agredidos.

Sucede que médicos pero principalmente enfermeras han sido objeto de ataques personales al trasladarse ya sea a sus domicilios o sus centros de trabajo por desconocidos, quienes los consideran como presuntos portadores del Covid-19, cuando ellos son los principales expuestos al atender a pacientes en centros de salud u hospitales.

Pero así como existen personas que minimizan el problema y realizan sus actividades sin ninguna precaución, también están las aceleradas que temen ser contagiadas y reaccionan violentamente, pero en ello parte de la responsabilidad es de las autoridades que no supieron cómo enfrentar y atender debidamente la propagación de la enfermedad.

El mejor ejemplo se tiene en el Hospital General de Zona 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, Coahuila, donde por la falta de equipo de protección, reclamado por el personal desde hace semanas, ya suman 32 trabajadores infectados y un muerto y una de las primeras decisiones oficiales fue remover al director de ese nosocomio.

Sin embargo, las quejas por falta de material de protección para el personal médico ha sido frecuente en diferentes partes del país, donde la respuesta de las autoridades no ha sido la suficiente y, aun así, el personal médico continúa desempeñándose al máximo.

Ante la falta de seguridad en los centros hospitalarios ya reaccionaron autoridades de instituciones de nivel superior, como son el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, anunciaron la decisión de retirar a sus estudiantes de Medicina del internado de pregrado y de Enfermería que realizan el servicio social en el Sector Salud.

Previamente, la UNAM había determinado que sus internos de pregrado no estarían en áreas de urgencias, terapia intensiva y rutas del Covid-19, por la misma razón. Sin embargo, las autoridades federales reconocieron la falta de personal y anunciaron la contratación de 20 mil elementos, cuando un año se registró un despido masivo de ese tipo de especialistas.

Urgen dos cosas: que la sociedad reconozca la labor de todo el personal que labora para combatir el Covid-19 y que las autoridades proporcionen el equipamiento de seguridad necesario para su protección. Es lo menos para apoyar a quien trabaja para servir a los demás.