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Si una persona desarrolla una trayectoria profesional que finalmente le permite retirarse y vivir de lo que logró ahorrar junto con su pensión, jubilación o afore, nadie se lo podrá criticar; pero, si además, desea seguir en realizando alguna actividad productiva por su cuenta para sentirse activo, será muy su gusto y nadie podrá calificarlo como algo negativo o nocivo.

​Así, un abogado jubilado tendrá todo el derecho de litigar, asesorar a quien considere conveniente e, incluso, sin perder sus derechos ya ganados podrá volverse a contratar libremente en alguna institución interesada en sus servicios profesionales.

​Un buen ejemplo lo es Olga Sánchez Cordero Dávila, reconocida abogada que se desempeña como secretaria de Gobernación desde el 1 de diciembre de 2018, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo; anteriormente, además de ser la mujer Notaria Pública en Ciudad de México y catedrática universitaria, también fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde enero de 1995 y hasta noviembre de 2015.

​Entonces ahora es una funcionaria con una gran responsabilidad en la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador y nadie se lo critica.
​Sin embargo, en lo personal me surge la duda de por qué el presidente de la república acusó en su conferencia mañanera del miércoles a José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de estar detrás de la ’ola de amparos’ contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

​Dijo: ’Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima, primero porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si asesora está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen después de haber dejado el cargo de ministro". Pero, ¿acaso no sucede lo mismo con la actual Secretaria de Gobernación?

​Por cierto, José Ramón Cossío desmintió de inmediato que asesore a los inconformes con el aeropuerto en Santa Lucía y López Obrador tuvo que rectificar públicamente.

​Considero necesario que el presidente respalde con argumentos legales las razones de porque dos ministros en retiro y brillante abogados, una sí pueda ser funcionaria de primer nivel y otro no pueda ser asesor legal de ciudadanos inconformes.

​Mientras López Obrador no explique bajo qué criterios legales los ministros en retiro pueden ejercer o no sus conocimientos y experiencias con quienes consideren conveniente, quedará política y públicamente mal, como alguien que tuerce la ley a su conveniencia,